20 de mayo de 2013

Gallardón desmantela el servicio público de la Justicia

El Ministerio de Justicia se ha embarcado en medidas que califica de reformas pero solo son el camino hacia la privatización de la Justicia excusándose en la crisis:

- La ley de tasas pretende reducir el número de pleitos a costa de desnaturalizar el derecho a la tutela judicial, uno de los fundamentos del Estado de derecho. Además, el régimen de tasas penaliza al funcionario en la defensa de sus derechos laborales.

- La supresión de partidos prevista en el borrador de reforma LOPJ supone aislar la Justicia de los ciudadanos, recluyéndola en capitales de provincia y obligando al justiciable a asumir los desplazamientos.

- Por otro lado, es una barbaridad la supresión de los Juzgados de Paz que se prevé en el borrador, por cuanto supone el alejamiento de la justicia del ciudadano.

- En materia de Registro civil, desde el principio CSIF se opuso a la privatización en manos de los Registradores de la Propiedad. CSIF ha presentado alternativas que mantienen al Registro como servicio público a cargo de funcionarios de Justicia.

- Gallardón da una otra vuelta de tuerca en la privatización traspasando el ejercicio de funciones públicas, como los actos de comunicación a los Procuradores, confiriéndoles carácter de agentes de la autoridad a costa de los ciudadanos.

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