CSI·F, STAJ y UGT se reunieron con el Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, al que hicimos participe de la gran preocupación e incertidumbre que tienen todos los trabajadores de la Administración de Justicia ante la futura reforma de la LOPJ. El Sr. Lesmes agradeció las aportaciones sindicales y se mostró receptivo con las cuestiones planteadas.
CSI·F le entregó un documento en el que se recogen todos los aspectos que consideramos imprescindibles y que deben recogerse en el futuro texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar, entre otros, los actuales destinos, defendiendo por ello la necesidad de mantener todos y cada uno de los Partidos Judiciales existentes y reforzar las funciones de los actuales Juzgados y Agrupaciones de Paz para evitar su desaparición.
Igualmente le hicimos saber que CSI·F no comparte la implantación de los Tribunales Provinciales de Instancia, tal y como se recoge en el anteproyecto de la LOPJ, ya que con esta medida se elimina por completo la justicia de proximidad que se encuentra entre los objetivos del Libro blanco de la Justicia, del Pacto por la Justicia, de la Carta de derechos de los ciudadanos frente a la Justicia, en el informe de expertos del año 2009 en el que junto a los Tribunales de Instancia en las capitales de provincia se creaban Tribunales de base en las cabeceras de partido y abogaba por la potenciación de los Juzgados de Paz. Incluso, el propio CGPJ no renuncia a la Justicia de proximidad en el informe sobre demarcación del año 2010 del que CSIF no comparte la reducción drástica de partidos judiciales que propone pero que, en todo caso, no supone la eliminación de los partidos tal y como se plantea en el anteproyecto de LOPJ. Además, CSIF lamentó la situación de inestabilidad y la falta de previsión y planificación serena en la Administración de Justicia inmersa en un complicado proceso de implantación de la NOJ sobre el que se tiene que sustentar los TPI.
CSI·F, en relación con las sedes y unidades desplazadas, considera que no se puede dejar en manos de las Comunidades Autónomas la competencia sobre la presencia del tercer poder del Estado o lo que es lo mismo, si la demarcación judicial es una competencia exclusiva del Estado es porque está íntimamente relacionada con el ejercicio de la potestad jurisdiccional y con derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Sr. Lesmes expuso que el CGPJ había emitido el informe preceptivo, aprobado por la mayoría del Pleno, y que ahora la decisión de modificar dicho anteproyecto estaba en manos del Ejecutivo y, posteriormente, en el trámite Parlamentario vía enmiendas. No obstante, advirtió que, de salir adelante, el actual texto del anteproyecto de la LOPJ tardaría años en poder ejecutarse. Asimismo nos informó que eran múltiples los Ayuntamientos y CCAA, de todos los signos políticos, que ya habían mostrado su rechazo a dicho anteproyecto. Eso sí, desde el CGPJ consideran que la actual demarcación judicial debe ser sometida a profundos cambios, ya que la realidad social presente está muy alejada de los tiempos en que se aprobó la Ley de Demarcación y Planta Judicial, puesto que a día de hoy la mayor parte de la población reside en zonas urbanas, abandonando las zonas rurales y por ello no tiene mucho sentido mantener algunos partidos judiciales donde existe un único juzgado.
En cuanto al futuro del Registro Civil, CSIF le trasladó nuestra propuesta de Registro civil público y gestionado por funcionarios de Justicia. El Sr. Lesmes nos informó que el CGPJ desconocía cuál sería la decisión definitiva del Ministerio de Justicia, si bien dejo constancia de que la desjudicialización ya se contemplaba en la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil.
