El Gobierno consigue que el Congreso ratifique de tapadillo la privatización del Registro Civil. Ha sido en el seno de la Comisión de economía y no en un pleno, donde correspondería por el calado de las medidas aprobadas, el que ha ratificado el RDL 8/2014 que entre otras medidas traspasa la función de Registro civil de los funcionarios de Justicia a los Registradores mercantiles creando una corporación pública artificial y sobre las que penden muchas sombras sobre su financiación. CSIF presentó, a finales de julio varias enmiendas a esta verdadera privatización del Registro civil a través de los grupos parlamentarios que se resumen en nuestra propuesta alternativa que aboga por un Registro civil público gestionado por funcionarios de Justicia especializados como hasta ahora y con los medios materiales y personales suficientes cosa que sería una auténtica novedad en la Administración de Justicia.
CSIF seguirá presentando propuestas alternativas que conjuguen dos principios irrenunciables:
- El mantenimiento de la función de Registro civil como propia de los funcionarios de Justicia para conseguir un Registro civil público gestionado por profesionales especializados bajo la premisa de que desjudicializar no tiene por qué significar apartar a todos los funcionarios de Justicia del Registro civil.
- El mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo en todos los ámbitos territoriales de la Administración de Justicia en el caso de que el Gobierno siga en sus trece.
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