Únicamente la firma de un acuerdo por parte de CSI-F, STAJ y UGT ha logrado parar la tremenda agresión a los derechos de los funcionarios de justicia que suponía el proyecto de LOPJ propuesto por el Ministerio de justicia.
Teníamos razón cuando decíamos que el preacuerdo garantizaba:
- Mantener los partidos judiciales de la misma forma que hoy se encuentran citados en la LOPJ.
- Mantener los centros de destinos municipales: UPAD municipal y cada Servicio común procesal de cada municipio.
- Mantener los Juzgados y Agrupaciones de Paz con personal de Justicia transformándolos, como consecuencia de la modificación de la Ley del Registro Civil, en Oficinas Judiciales de Paz.
- Suprimir la movilidad forzosa ordinaria fuera del municipio.
El tiempo nos ha dado la razón y, ahora, hasta el único sindicato de los cuatro más representativos que no firmó ese preacuerdo CCOO, reconoce la garantía de todos esos apartados. Si se produjese una reforma de la LOPJ se realizará sin los efectos perjudiciales para los empleados públicos que suponía la implantación de los tribunales de instancia en la forma y con las consecuencias que se pretendía en su origen.
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