Éxito de la concentración de delegados y delegadas que supone el inicio de las movilizaciones en Justicia que continuarán el lunes 17 de abril con el inicio de una huelga indefinida con paros parciales de 10 a 13 horas. Desde el comité de huelga hacemos un llamamiento a todos los/as funcionarios/as de Justicia y a todas las organizaciones sindicales para que apoyen y secunden esta huelga para conseguir que, de una vez por todas, se reconozcan nuestras funciones reales y se respeten nuestros derechos laborales en la LEO.
La concentración paralizó la circulación en la calle San Bernardo de Madrid al grito de “no más funciones, sin retribuciones”.
El Comité de huelga denuncia que la Ministra de Justicia Pilar Llop sigue ausente de la realidad cerrando la puerta a la negociación y conduciendo a la Administración de Justicia a un nuevo conflicto que amenaza con su paralización absoluta.
Durante la concentración el Ministerio se ha negado a recibir al comité de huelga aludiendo a que no tiene una oferta que presentar. ¿Qué han hecho en estos días para intentar resolver el conflicto? Al parecer nada.
Para el comité de huelga la actitud del Ministerio es inaceptable y supone un nuevo desprecio absoluto hacia el 95% de la oficina judicial. Sin funcionarios de Justicia no hay servicio público por muchos LAJ que haya.
El ministerio lleva meses despreciando las propuestas sindicales para incluir enmiendas en la LEO que garanticen los derechos y condiciones laborales del personal de justicia a lo que se ha unido que durante la huelga de LAJ sabían perfectamente, que un acuerdo económico suponía un efecto en cascada en las retribuciones del resto de cuerpos de la Administración de Justicia.
Durante la huelga de LAJ, en el Ministerio sabían que un acuerdo económico suponía el inicio de movilizaciones del resto de cuerpos si no se atendía a las justas reivindicaciones de otros cuerpos y, en este sentido, se han manifestado también Jueces y Fiscales.Y si lo sabía el Ministerio, también lo sabía o debía saber tanto la Secretaria de Estado de Función Pública que rubricó ese acuerdo como la Ministra Montero que debe financiarlo.