Ya han pasado más de 10 años en los que nuestra administración en la Comunidad Valenciana se ha ido convirtiendo año tras año en un "ejemplo" en lo que a decadencia "judicial" se refiere.
Con una falta absoluta de inversión en medios materiales, personales o infraestructuras se refiere.
Donde ha dado igual que los gobiernos centrales y autonómicos fueran o no del mismo color.
Empezamos por el año 2011 cuando el gobierno autonómico renunció a la creación de 15 juzgados alegando un "alto y desproporcionado coste". 14 años más tarde, algunos de aquellos juzgados siguen sin ser creados.
Continuamos por el año 2015 con 8 años de administración Bravo, caracterizados por la imposición, la propaganda y la falta de asunción de responsabilidades. Prueba de ello fue la "no negociación" de la bolsa actual de trabajo. El despilfarro de más de 30 millones de euros en la compra de una aplicación como el Just@ que sólo nos está trayendo disgustos (cuando tenían el MINERVA del Ministerio gratis y que hace lo mismo y mejor). Los 200 millones del plan de infraestructuras judiciales en las que se crearon CERO nuevas sedes judiciales. O el incendio de la ciudad de la justicia, desfibriladores que no funcionaban o los presos huidos de los calabozos, donde siempre encontraba un cargo intermedio al que echar la culpa y cesar. Y por si esto fuera poco, se fue dejándonos con el Complemento Específico más bajo de España y con menos del 50% de la Carrera Profesional, tras ocho años de lograr aumentar el presupuesto a base de pico y pala y concentraciones.
Y cuando parecía que ya no podíamos ir a peor, viene un cambio de gobierno en el que a la Administración de Justicia le toca "bailar" con el hermano pobre del pacto de gobierno. Con una Consellera voluntariosa pero con el comodín de "yo he pedido, pero hacienda que es del PP no me lo da". Y la cual pasará a la historia por habernos "conseguido" el aumento del PAC más miserable de los 8 años que llevamos cobrando. 480.000€ cuando la media eran 1,5 M.
En el mes de julio vino la crisis de gobierno en la que la justicia pasa a manos del PP y creíamos que esta vez si que era la definitiva. Ahora ya no valía la disculpa de antes ya que todos eran del mismo partido. Pues bien. Cuando después de asistir a todos los festejos veraniegos de Bous al Carrer, la nueva Consellera, en el mes de septiembre, tiene a bien reunirse con los representantes de los trabajadores, lejos de aportarnos garantías lo único que nos promete es "trabajo" para conseguir nuestras legítimas exigencias retributivas. Lo que pasó sólo un mes más tarde por desgracia pasará a la triste historia de nuestra tierra.
Tras una nueva crisis, en el mes de noviembre se producen cambios en el Consell, y volvemos a tener a una nueva Consellera. La cuarta que hemos conocido en menos de 2 años (Bravo, Núñez, Pradas y Martínez). El mismo día 21 de noviembre, CSIF solicitó una reunión con la nueva Consellera. Solicitud a la que casi dos meses más tarde no ha contestado.
Y expuesta la situación de nuestra administración y sus funcionarios ya sólo nos queda decirle a la señora Consellera que nos dan igual las reuniones. Ya sabe suficientemente lo que queremos y nos merecemos. No queremos reuniones para que se nos vuelvan a decir que van a pelear. Eso ya lo hicieron sus 3 predecesoras. Exigimos una solución ya. HAYAN O NO HAYAN PRESUPUESTOS.
En los próximos meses nuestra administración va a sufrir un enorme cambio organizativo y de gestión procesal que únicamente saldrá adelante con relativo éxito con el esfuerzo y la implicación de sus funcionarios. Y sinceramente no va a encontrar colaboración por parte de un colectivo que actualmente es el que más carga de trabajo asume de toda España y que con las retribuciones más bajas de todos los ámbitos territoriales.
La pelota está en su tejado. Nosotros seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer hasta lograr un acuerdo que nos saque del pozo retributivo en el que llevamos inmersos muchos años.