Las últimas declaraciones de Gallardón ante los Presidentes de los Colegios de Notarios y Registradores el pasado lunes 3 de febrero unido al hermetismo del Ministerio sobre esta cuestión desde que la Asamblea Nacional de Registradores rechazó que estos profesionales se hicieran cargo del Registro civil, no hacen sino confirmar las peores sospechas: el Ministro sigue adelante en su proyecto de privatizar el servicio público del Registro Civil. Por ello CSIF exige al Ministerio que:
Apueste de verdad por un Registro civil público de gestión pública en beneficio de todos los ciudadanos dotándole de medios personales y materiales suficientes.
Apueste por la experiencia y conocimiento de miles de funcionarios de Justicia acumulada desde el año 1870 y que viene garantizando la seguridad jurídica en el Registro civil desde su inicio
Apueste por el potencial de sus empleados públicos y la capacidad de los funcionarios de Justicia de asumir el reto del proceso de modernización del servicio público del Registro civil.
Ante el anuncio de privatización del Registro civil CSIF no sólo se ha quedado en la necesaria movilización
CSIF se ha mostrado y se muestra dispuesto a negociar el proceso de modernización del Registro. Hace meses que CSIF presentó a Gallardón una propuesta centrada en estos aspectos:
Un Registro civil moderno, eficaz y dentro de la Administración de Justicia como hasta ahora.
Centrado en las personas y no en los hechos registrales,
Centrado en las personas y no en los hechos registrales,
Un Registro civil único en su gestión para mejorar su eficiencia pero descentralizado en su funcionamiento para facilitar su accesibilidad al ciudadano aprovechando la infraestructura ya existente en la Administración de Justicia (partidos judiciales y juzgados de paz),
Un Registro civil informatizado e interconectado, dotado con equipos modernos y en perfectas condiciones de uso.
Un Registro civil que aproveche al máximo el potencial de los cuerpos de funcionarios y reconozca el trabajo que realmente realizan.
Un modelo de Registro civil que no tiene por qué ser caro si tenemos en cuenta las ventajas que conllevaría para el ciudadano, el tráfico jurídico-económico y la sociedad en general. Esta es la propuesta de CSIF a la que Gallardón, con las anteojeras de la privatización puestas, lamentablemente aún no ha respondido.