- Novena jornada de huelga de funcionarios de Justicia: Los tribunales se paralizan en toda España, con un seguimiento masivo y la suspensión del 95 por ciento de los juicios.
- CSIF recurre el acuerdo con los letrados por vulnerar la negociación colectiva. Centenares de delegados sindicales se manifiestan frente al Congreso.
La novena jornada de huelga de los funcionarios de Justicia de toda España desde que comenzó el conflicto, consistente en un paro de 24 horas y convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT para exigir una subida salarial digna en relación con las funciones que realizan a diario, ha sido un rotundo éxito, con un seguimiento del 90 por ciento por parte de los 45.000 funcionarios del Ministerio de Justicia y la suspensión del 95 por ciento de los juicios previstos.
Además, centenares de delegados sindicales se han concentrado a las 12.00 horas enfrente del Congreso de los Diputados para que los grupos parlamentarios también tomen nota de sus reivindicaciones, coincidiendo con la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
En este sentido, una delegación de las organizaciones sindicales antes mencionadas ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia. CSIF también ha recurrido el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los letrados por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.
Exigimos que el Gobierno ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales.
Mientras tanto, se mantienen las jornadas de huelga para los días 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y estas movilizaciones se endurecerán si el Ejecutivo no reacciona.
Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios), pero la ministra Pilar Llop es la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia.
