11 de julio de 2025

La "injusticia" de paz.... Esa gran olvidada


En los últimos tiempos habíamos asistido con preocupación a la "decadencia" de los juzgados de paz en lo que a competencias se refiere. Fueron perdiendo poco a poco competencias como los juicios de faltas, lanzamientos, embargos, confesiones, testificales, apud actas.... para quedarse "únicamente" con los actos de comunicación unipersonales y el registro civil.

El año pasado, con la implantación de la aplicación DICIREG y por tanto, con la entrada en vigor de la Ley 6/2021, su disposición adicional quinta reducía las competencias en materia de Registro Civil de las "oficinas colaboradoras"  a certificados y poco más. Lo que nos hacía temer muy mucho por el mantenimiento de este modelo de justicia de paz, vacía de competencias.

Pero a penas 365 días más tarde, las delegaciones generales de los Letrados encargados del Registro Civil, que convierten una oficina colabora en una oficina general más. La entrada en vigor de las diferentes leyes de eficacia, dan a las oficinas de justicia municipal (nombre actual de los juzgados de paz) la posibilidad de que allí se realicen declaraciones por videoconferencia, o que se efectúen las mediaciones obligatorias previas a la presentación de demandas en la jurisdicción civil, conciliaciones de cuantía inferior a 10.000€, procedimientos civiles de cuantía inferior a 150€ y en breve, delitos leves de coacciones, amenazas, vejaciones o hurtos de menos de 400€. 

¿Y cuál es el problema?. Pues el problema es que pretenden que todas estas nuevas funciones, unidas a las que ya tenían en cuanto a actos de comunicación (notificaciones, citaciones, requerimientos...) se realicen sin aumentar ni un solo efectivo ni un solo euro.

Tenemos que recordar que la plantilla de la gran mayoría de los juzgados de paz es de 2 funcionarios: uno del cuerpo de gestión y otro del cuerpo de auxilio judicial. Y aunque parezca imposible, hay muchos juzgados de paz que atienden a una población mayor que el cabeza de partido. Y este es el quid de la cuestión. Porque la carga de trabajo no depende de la "categoría" del municipio. Depende de la población de ese municipio. Y es que a más población, más nacimientos, más defunciones, más matrimonios, más tramitaciones de nacionalidades, más conciliaciones, más personas a las que notificar..... 

Pues bien, llegados a este punto es fácil ver que en la justicia de paz 2 o 3 personas tienen que hacer prácticamente el mismo trabajo que los 2 funcionarios de la oficina general del registro civil, más los 3 o 4 funcionarios de la parte de actos de comunicación del servicio común general del cabeza de partido y el trabajo de algún que otro funcionario más del servicio común de tramitación para llevar las conciliaciones, civiles de menos de 150€ o determinados delitos leves. Es decir, 2 o 3 funcionarios realizan labores que en el municipio cabeza de partido la desarrollan no menos de el doble de personas.

Por si esto fuera poco, la administración autonómica, ha estado desde el mes de noviembre enredándonos, por ser suaves, diciéndonos que en el proyecto de presupuestos se contemplaban diferentes medidas para mejorar la justicia de paz, como eran el abono de un complemento de penosidad, que desde CSIF llevamos reclamando desde hace años. La creación de una plaza de tramitador en todos los juzgados de paz que no contaran con funcionarios de ese cuerpo. Una solución al tema de la movilidad, ya que hay muchos juzgados en los que el personal tiene que poner su propio vehículo y pagar su propio combustible.... ¿¿Y que es lo que ha sucedido??. Pues que finalmente se han aprobado los presupuestos y con ellos no ha venido nada de lo que se anunció. Y encima hemos tenido que escuchar en alguna mesa de negociación aquello de "una cosa es lo que se pide y otra lo que se da". Como si fuéramos niños que hemos enviado la carta a los reyes magos y como nos hemos portado mal, nos han traído carbón.

Y una vea descrita la situación, y ante el incumplimiento de los compromisos, desde CSIF le hacemos una advertencia a la administración, que no es lo mismo que una amenaza. La plantilla de las oficinas de justicia municipal tiene una media de edad elevada. No pueden asumir con el mismo número de efectivos las nuevas funciones y todavía menos a coste cero. Paguen la penosidad prometida y aumenten la plantilla de estos órganos judiciales. El coste de un nuevo tramitador es muy inferior al coste de tener que cubrir las bajas médicas de un gestor y un auxilio que es lo que va a acabar sucediendo si se sigue estirando tanto el chicle.

Y para terminar con una sonrisa (ironía), recordemos que si tenían poco, encima en las RPT's los puestos de trabajo de las oficinas de justicia municipal son compatibles con la oficina judicial. Es decir, que además de trabajar en su juzgado de paz, pueden echar una mano al cabeza de partido.