El funcionario es la última frontera entre la administración y el ciudadano. Su puesto debe ser vitalicio para que pueda negarse a prácticas inadecuadas sin miedo a represalias
El funcionario profesional e independiente fue un logro alcanzado por nuestros abuelos para conseguir el buen hacer y gobierno de los cargos públicos. Los funcionarios deben tener asegurado su empleo para que no ocurra lo que ocurría en el siglo XIX que cambiaba la administración con cada cambio de gobierno y los funcionarios hacían lo que mandaba el poder político; en este sentido la seguridad del empleo en los funcionarios es una necesidad, no un privilegio.
Somos conscientes de la difícil coyuntura económica, pero no podemos permitir que nos conviertan en paganos de los excesos cometidos por otros. Todos recordamos los últimos años antes de la crisis: comerciantes abusando de la implantación del euro con incrementos desmesurados de precios, violaciones de todas las reglas del mercado, gobiernos gastando dinero en propagandas y ostentaciones, pelotazos inmobiliarios, ingresos de miles de euros mensuales de cualquier profesional recién llegado al mercado, etc. Pues bien, esta gente ahora va de mártir y pretende culparnos a los funcionarios de todas sus desgracias.
Ahora, en plena crisis, los políticos necesitan una víctima propiciatoria y esa víctima somos nosotros. Nos usan de ariete para justificar su ineficacia y compran mediante subvenciones a quienes difunden esa mala prensa contra nosotros. Para ello se sirven de la publicidad institucional o de la compra de influencias en los medios de comunicación. ¡Pues no! No podemos ser los paganos de esta situación y, además, avergonzarnos de nuestro trabajo; un trabajo que en la mayoría de los casos es serio, costoso y mal remunerado.
Esta envidia de un sector de la población, azuzada por la clase política, no está justificada. Médicos, enfermeros, bomberos, policías, profesores, funcionarios judiciales…no somos ningunos privilegiados. Nos exponen ante la opinión pública como vagos o parásitos, cuando la realidad es que somos trabajadores que cumplimos nuestras funciones y prestamos un servicio público. ¡Que no nos comparen con los asesores, altos cargos nombrados a dedo o enchufados que rodean a los políticos! Cumplimos con un trabajo digno y queremos un reconocimiento a nuestro esfuerzo.
“Somos trabajadores que cumplimos nuestras funciones y prestamos un servicio indispensable para la sociedad”
El dedazo se está imponiendo como método de contratación en muchas Administraciones Públicas españolas. Antes se componían casi exclusivamente de funcionarios, mientras que ahora hay más de un millón de empleados públicos que son ‘personal laboral’ y ‘otro personal’.
Estamos volviendo a una administración pública propia del siglo XIX en la que cada vez que llega un partido mete a todo el mundo a trabajar. Cambia el alcalde y dice "vamos a meter a nosecuantos contratados laborales". Esto ocurre sobre todo a nivel autonómico y local, donde tenemos una administración al servicio del partido. Eso es muy dañino porque la administración no debería estar al servicio del partido, ni siquiera del gobierno, sino al servicio de los ciudadanos. Por eso en muchos casos se contrata de esta forma, porque el funcionario puede decirle al político que no, y si quieren seguir haciendo algo que no deben tienen que contratar a otro tipo de trabajadores.
Por ejemplo, hasta qué punto una firma de un plan urbanístico respeta la ley si lo supervisa un contratado laboral. En eso la administración no es responsable. Un contratado laboral puede ser despedido y, por lo tanto, está mucho más dispuesto a cumplir las órdenes de los políticos. El funcionario es como la última frontera de la administración ante el ciudadano y su puesto debe ser vitalicio para que pueda negarse a prácticas inadecuadas sin miedo a represalias.
Todo lo que no sea pasar por una oferta de empleo público introduce incertidumbre. Una oposición es el mejor garante de una administración pública independiente que defienda a los ciudadanos y ese es el sistema que defendemos desde CSI·F. Luchamos por nuestros derechos y nos enfrentaremos a cualquier ataque contra los funcionarios
REIVINDICACIONES DE CSI·F
- Recuperación de nuestro poder adquisitivo perdido con el recorte
- Mantenimiento del carácter público de los cuerpos de funcionarios
- Defensa de nuestro sistema de salud
- Medicamentos gratuitos en nuestra jubilación
- Voz y voto en cualquier reforma judicial que se aborde
- Plan de Choque que neutralice la avalancha de trabajo, y ponga al día la justicia
- Mejora de las condiciones de trabajo y salud laboral en todos los partidos judiciales
- Paralización de la Nueva Oficina Judicial hasta que la coyuntura lo permita
- Bolsas de trabajo, que puntúen la experiencia y formación a a cargo de la Administración
