CSIF solicita al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno la derogación del Real Decreto que regula la nueva estructura de la MUGEJU
CSIF, además, se dirige por escrito a los partidos políticos para se paralice la agresión a la democracia interna que ha supuesto la publicación del Real Decreto 96/2019 de modificación de la estructura orgánica de la Mutualidad.
Para CSIF, la modificación de la estructura de la Mutualidad General Judicial aprobada por Real Decreto 96/2019, impropia de un gobierno que se denomina progresista y de izquierdas, supone un retroceso en los principios básicos de la democracia interna de este órgano. Esta reforma, que regula los nuevos órganos de control (Comisión Rectora y Consejo General) establece cupos de participación por cuerpos que no atienden a criterios de proporcionalidad ni al número de afiliaciones ni en cuotas abonadas, sino que favorece la representación en los órganos de los cuerpos de mayor jerarquía en perjuicio del resto.
El proyecto de Real Decreto fue elaborado en 2013, sin que desde ese año se hubiera realizado por la Gerencia ni ningún Gobierno posterior actuación alguna respecto del citado proyecto, hasta su aprobación por el Consejo de Ministros este año y su posterior publicación en el BOE el pasado 12 de marzo.
En el año 2013, cuando se presentó el borrador a las organizaciones sindicales, CSIF presentó un informe contrario a ese proyecto y la propia Asamblea General de la Mugeju aprobó una resolución en contra de este, sin que nos conste desde ese año actuación alguna, ni que se haya adecuado su tramitación a las previsiones para los procesos normativos y reglamentarios por las posteriores Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
CSIF desconoce si tal y como consta en la propia exposición de motivos del citado Real Decreto “el texto de esta disposición se ha sometido a informe del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo del Secretariado y de las Asociaciones Profesionales y Organizaciones Sindicales” ya que lo que es absolutamente incierto es que en los últimos cinco años se haya sometido a informe de las organizaciones sindicales y tampoco se procedió a su publicación previa en el portal de transparencia para alegaciones de la ciudadanía y organizaciones interesadas.
