CSIF aboga por
un Registro civil público servido por funcionarios de Justicia. Por eso nos
opusimos a la reforma de 2011 y, con mayor motivo, nos oponemos a esta
reforma. El Registro civil precisa que
el Gobierno de turno le dé la importancia que tiene con hechos y no con
palabras. El Registro civil necesita una reforma y CSIF exige que se abra una mesa de negociación donde se aborde
dicho proceso.
El Registro personal, único,
informatizado y accesible telemáticamente de la ley 2011 es un punto de
partida para la reforma; y añadimos la necesidad
de mantener una demarcación de oficinas adecuada partiendo de la actual, incluyendo
agrupaciones de paz (la tasa de penetración de nuevas tecnologías en España no
es alta, y es necesario el acercamiento al ciudadano). Por ello es preciso
tener claro:
- La desjudicialización del Registro civil no puede tirar por la borda la experiencia y preparación de los funcionarios de Justicia. Por formación, preparación y experiencia se puede garantizar la gestión de un Registro civil, eficaz, eficiente y seguro con este personal.
- El Registro civil necesita una modernización tecnológica que continúe el esfuerzo iniciado con la digitalización de las inscripciones desde 1950 acometida en los últimos años. El dinero para ese proceso no es un gasto, sino una inversión. Además, la introducción de nuevas tecnologías implementando hardware y software adecuados, es un ahorro a medio y largo plazo.
- La modernización debe afectar a la organización del Registro teniendo en cuenta las competencias que tienen algunas CCAA. Es imprescindible realizar una planificación de las necesidades a partir de las cargas de trabajo, y un estudio del perfil de puestos, que debe culminar en la elaboración de relaciones de puestos de trabajo. Dentro de estos perfiles encajan a la perfección los Cuerpos de Secretarios, Gestión, Tramitación y Auxilio. En cuanto a materia normativa, el Registro civil debe depender del Ministerio de Justicia a través de la DGRN.
- En materia de financiación CSIF entiende que el Registro civil debe ser una prioridad dentro de la Administración de Justicia. Es necesario realizar un estudio de sostenibilidad del servicio que prime su financiación vía presupuestos generales del Estado.
