El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la LEC. La principal novedad es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de la resolución: el procurador, bajo las órdenes del secretario y control judicial; o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.
Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, los funcionarios de la Administración de Justicia.
Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley conferiría a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirían plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.
Juicio verbal y proceso monitorio
Entre las modificaciones destaca la introducción de la contestación escrita en el juicio Verbal. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, dictándose sentencia directamente.
Además, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, y la ley permitirá un trámite para examinar y controlar la existencia de cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.
La justicia es un servicio público
CSIF se opone a la privatización de los actos de comunicación y la ejecución; ya que la justicia es un servicio público; como hemos venido defendiendo siempre. Asimismo, entendemos que se trata de una barbaridad jurídica que se atribuya a un particular (procurador) el carácter de agente de la autoridad para realizar actos de ejecución. Os seguiremos informando sobre estos equivocados proyectos, y sobre nuestras acciones constantes en contra de los mismos.
Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, los funcionarios de la Administración de Justicia.
Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley conferiría a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirían plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.
Juicio verbal y proceso monitorio
Entre las modificaciones destaca la introducción de la contestación escrita en el juicio Verbal. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, dictándose sentencia directamente.
Además, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, y la ley permitirá un trámite para examinar y controlar la existencia de cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.
La justicia es un servicio público
CSIF se opone a la privatización de los actos de comunicación y la ejecución; ya que la justicia es un servicio público; como hemos venido defendiendo siempre. Asimismo, entendemos que se trata de una barbaridad jurídica que se atribuya a un particular (procurador) el carácter de agente de la autoridad para realizar actos de ejecución. Os seguiremos informando sobre estos equivocados proyectos, y sobre nuestras acciones constantes en contra de los mismos.
