La capacitación para hablar y entender el valenciano no será un mérito para ser funcionario de la Generalitat, sino que será un requisito, tal y como reivindica Intersindical y Compromís. La titular de Justicia, Gabriela Bravo, ha cedido finalmente a la exigencia de los nacionalistas. En el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana presentado ayer a varios sindicatos se determina el requisito lingüístico como condición indispensable para trabajar en la Administración autonómica.
Las oposiciones convocadas durante el presente año y quizá hasta a mitad de 2018 no incluirá esta capacitación. Sin embargo, en el tramo final del actual Consell se habrá implantado en los concursos públicos para los futuros trabajadores de la Administración pública valenciana, con excepción de la rama sanitaria.
CSIF fue expulsada de la reunión porque, "según fuentes de la Generalitat", se les había convocado por error, ya que a los que se quería informar en primer lugar es a los tres sindicatos (UGT, CCOO e Intersindical) que aceptaron hacerse la foto a finales del año pasado firmando un documento que promueve el uso del valenciano en la Administración.
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