La posición de CSIF es clara en favor de un Registro civil público, gratuito, informatizado, desjudicializado, que aproveche su actual demarcación y estructura y que atribuya su gestión a los funcionarios de Justicia poniendo en valor su formación, experiencia y potencial para llevar a cabo la necesaria modernización de este servicio esencial.
Dentro de tres meses, si la ley no cambia o no se aprueba la tercera prórroga de la “vacatio legis”, el Registro civil pasará a ser competencia de las CCAA reduciéndose drásticamente el número de oficinas principales poniendo en riesgo 4.000 puestos de trabajo, muchos de ellos en los Juzgados de Paz que, inicialmente, se salvaron gracias al acuerdo de 2014 firmado por CSIF donde se puso coto a la reforma de los Tribunales provinciales de Instancia.
