Ante la imposibilidad material de que la Ley 20/2011 entre en vigor de forma efectiva el próximo 1 de julio, CSIF exige al Ministerio una nueva prórroga de la “vacatio legis”.
El Ministerio de Justicia remitió el pasado 27 de marzo a CSIF y al resto de organizaciones sindicales un documento titulado “Concordancias y discrepancias con la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de “Podemos” sobre la reforma de la Ley de Registro civil” en el que nos traslada su posición (favorable o no favorable) a cada una de las modificaciones legales de esa proposición de Ley, junto con una sucinta exposición a modo de justificación de la posición del Ministerio. Durante los últimos días hemos estado analizando el documento detenidamente y no podemos sino manifestar tres cuestiones fundamentales:
• El modelo de Registro Civil que defiende CSIF se contiene en un documento público que ha sido trasladado al Ministerio de Justicia en diversos formatos en repetidas ocasiones, la última de ellas el pasado mes de febrero de 2017.
• Un Registro Civil público y moderno debe abordar la necesaria redistribución de funciones dentro de la oficina, aprovechando el capital humano existente, redistribuyendo funciones con valor añadido para todos los cuerpos, eliminando cuellos de botella en la tramitación de procedimientos y estableciendo una organización más horizontal basada en el trabajo en equipo antes que probar suerte con la externalización de funciones tradicionales del Registro Civil que están fracasando claramente.
• Es el Ministro de Justicia, su Ministerio y el Gobierno quienes deben cumplir su compromiso público de reformar la Ley 20/2011 para que el Registro Civil sea público, gratuito, electrónico, desjudicializado, gestionado por funcionarios de Justicia y respetando la actual demarcación y estructura del Registro Civil.
