Ante la imposibilidad de que los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en esta Comunidad Autónoma, y especialmente en aquellos municipios radicados fuera de las capitales de provincia, puedan acceder de manera cercana y con celeridad a una sanidad de calidad, CSIF ha solicitado mediante escrito a la DGJ que por la Conselleria de Justicia se inste a la Conselleria de Sanidad Universal y/o con la Agencia Valenciana de Salud, para que en aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes, y en el caso de mutualistas adscritos a entidades médicas privadas, se suscriba un acuerdo con la Mutualidad General Judicial para la prestación de asistencia sanitaria y de urgencia en el entorno rural.
De esta manera, los mutualistas que se encuentren en dicha situación, podrán acudir al centro de atención primaria o centro de salud que les corresponda, en caso de necesidad, como así ya ocurre en otras Comunidades Autónomas, como es el caso de las de Andalucía, Asturias, Castilla y Leon, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Madrid.
