Celebrado el pasado
viernes comité de Seguridad y Salud en el trabajo de ámbito autonómico de la
administración Justicia en la Comunidad Valenciana, os pasamos a comentar los
aspectos y novedades más destacables de dicha reunión.
1.- El comité tenía
fundamentalmente por objeto que la administración diera las explicaciones
pertinentes acerca de la implementación de los PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA (P.E.E.). Se han realizado y registrado todos los planes de emergencias de todas
la sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.
Son informes
técnicos y muy extensos que contienen protocolos de actuación y distribución de
responsabilidades entre los miembros designados de los equipos de
auto-protección. La sorpresa en este punto vino cuando la administración sin
previo aviso y sin que ello apareciese expresamente en el orden del día, indicó
que tras la reunión iba a sortear la
designación de los miembros de las plantillas de los cuerpos generales que iban a ser designados como miembros de los
respectivos equipos. La designación va a recaer única y exclusivamente sobre
gestores, tramitadores y auxilios porque las respectivas administraciones de
los miembros de la carrera judicial y
fiscal y de los letrados de la administración de justicia han querido quedar al
margen de la participación en estos planes. Es de lamentar por tanto que siendo
una responsabilidad compartida y pudiendo, por ejemplo afectar un incendio en
una sede a todos los presentes: público, profesionales, funcionarios, jueces
etc…unos formen parte de los equipos designados que colaborarán con la Guardia
Civil para el caso de emergencia (incendio por ejemplo) y otros no.
Por parte de CSIF se lamentó la falta de
compromiso de dichos colectivos y se presentó queja formal por la sorpresa de
los sorteos que iban a realizarse sin estar incluidos en el orden del día. Pese
a que inicialmente la idea era abrir un plazo para que algunos funcionarios
fuesen voluntariamente designados como miembros de los equipos, el sorteo fue
realizado, señal de que la administración no confía mucho en el criterio de
voluntariedad. Una vez se produzca dicha designación, la responsabilidad en el cargo queda adherida al puesto, de tal
suerte que ante una baja, jubilación o traslado del funcionario, la designación
como miembro vendrá referida a quien ocupe dicha plaza de manera automática. Si
en futuros concursos de traslados existirá alguna indicación en la oferta que
se refiera a la responsabilidad de dicha plaza por haber sido designada como
miembro de los equipos de autoprotección es algo a lo que la administración no
supo dar respuesta concreta.
Tras el sorteo se notificará por la DGJ a los designados para formar parte de los equipos de autoprotección y se procederá a impartir la formación requerida para el puesto.
En cualquier caso la implementación de estos planes supone un avance y esperamos la participación y compromiso de todos los funcionarios, aunque entendemos y lamentamos que algunos de ellos vayan a ser más responsables que otros, según el grado funcionarial de la oposición aprobada.
Por Csif hemos solicitado se convoque Comité
Autonómico de Emergencias, donde están todos los colectivos que actúan diariamente
en las sedes judiciales, con el fin de coordinar las actividades preventivas
que necesitan los planes de emergencia y solicitarles la colaboración necesaria
para el buen funcionamiento de los mismos, la seguridad y salud es cosa de
todos.
2.- El segundo de
los aspectos más destacables viene referido a la APERTURA DE LAS NUEVAS SEDES y al ESTADO DE LAS OBRAS ya comenzadas. Algunos municipios que esperaban
la apertura de nuevas sedes como por ejemplo Carlet (nº 5) o Quart de Poblet
(nº 4) quedan de momento al margen. Al parecer ya han sido adjudicados
contratos en sedes como Ontinyent y Sagunto por ejemplo. En otros
municipios como Lliria o Gandía o en el TSJ, las obras ya han dado comienzo.
Las de Alicante capital comenzarán antes de que finalice este 2022. En cuanto a
la apertura del nuevos JVSM
exclusivos y comarcalizados siguen manteniendo que la fecha oficial de entrada en funcionamiento será el 31.12.2022.
Al parecer ya conocen la ubicación de las sedes si bien a las organizaciones
sindicales no se nos ha dado conocimiento. En cuanto a la cobertura de las
plantillas en dichos órganos hablan de la posibilidad de ofertas parciales de
comisiones de servicios condicionadas a la promulgación del RDLey que permita
la puesta en funcionamiento de los órganos. Muchas lagunas a falta tan sólo de
dos meses para la apertura “oficial” de las sedes.
3.- En último lugar
y de manera sorprendente, se anunció por la Sra. Directora de la DGMRAJ la PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA JUST@,
que en un futuro sustituirá al sistema
Cicerone. La implantación dará comienzo en primer lugar en Fiscalía y Jdos
de 1ª Instancia de Castellón de la Plana, extendiéndose posteriormente por
todos los órganos civiles y penales de la comunidad. La idea es que el proceso culmine
a finales de 2023 comienzos del 2024 con su implementación en los órganos de lo
social y lo contencioso-administrativo. En palabras de la propia DGMRAJ será un “proceso dinámico” donde a medida que se vaya tramitando en Cicerone
se irá transcribiendo y enseñando el funcionamiento de la aplicación JUST@.
Será necesario personal de refuerzo o equipos informáticos para la realización
de dicha tarea. El sistema MELVA quedará integrado en JUST@. Según la DGMRAJ la
prioridad es la implantación de este sistema, por lo que la futura llegada de DICIREG al Registro Civil queda en un segundo
plano.
Nos emplazan al día 8 de noviembre para reunión
informativa sobre la implementación del Just@.
La novedad en materia de Registro Civil vino
referida a la digitalización de los libros de registro, digitalización que se
efectuará de todos los libros desde una determinada fecha que pueda contener información
de valor a efectos de memoria histórica. Además de ello se prevé la llegada de tablets para la realización de actos de
comunicación, lo cual ayudará a la modernización de los juzgados de paz y a los
SCAGs.
4.- En el trámite
de ruegos y preguntas quedaron sin
contestación, una vez más, las quejas presentadas previamente por CSIF tanto
por JIRAS como por escritos telemáticos, acerca de la DEFICIENTE SITUACIÓN DE LOS BOTIQUINES MÉDICOS de las distintas sedes
judiciales, y la necesidad de que se
ponga en marcha un plan autonómico para
su revisión y acondicionamiento. Los propios informes del servicio de
prevención INVASSAT ya alertan de dicha situación (informe RESAD octubre de
2022) y ya se han producido lesiones que no han podido ser atendidas en el
botiquín de su respectiva sección porque éste, simplemente estaba vacío o contenía
material defectuosos o en mal estado. Ninguna respuesta concreta se nos ofreció
acerca de este asunto, de gran importancia entendemos y sobre el cual
seguiremos insistiendo.
Hemos vuelto a solicitar que se nos convoque
ya, para negociar el presupuesto del año que viene destinado al PAC y al CAT.
