En las últimas semanas estamos asistiendo a la creación de una nueva macro-comunidad autónoma llamada territorio NO transferido. Una macro-comunidad compuesta por Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta, Melilla así como los órganos centrales (Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados Centrales....).
Esta nueva macro-comunidad autónoma, que tiene su foro de negociación propia en la llamada Mesa Delegada, de la que por cierto no forma parte el STAJ (de ahí su interés en que el resto de sindicatos con legitimación no acudan a esas mesas de negociación), se ha convertido en un arma arrojadiza que utiliza el gobierno con fines políticos contra las comunidades con competencias transferidas, las cuales, a excepción de Asturias y Navarra y además en coalición, el PSOE no gobierna en ninguna de las otras 10.
Ante este panorama, el titular de justicia, después de felicitarse a sí mismo, ha decidido que ya tiene la fórmula para acabar con el conflicto. Conflicto creado por ellos mismos el año pasado, de una forma clasista y elitista, en la que firmaron acuerdos de prácticamente 500€ de subida a los colectivo que más cobran, y dejando morir de hambre (casi literalmente) al colectivo más desfavorecido y que además representa al 93% del personal de justicia y el que además realiza aproximadamente también el 93% de las funciones, y sin la implicación de los cuales ni hay LOEO, ni hay justicia ni hay nada. Pues bien, la manera que se le ha ocurrido para acabar con el conflicto es intentar solucionar uno, para crear doce. Es decir, subir el complemento específico a los funcionarios de esta nueva macro-comunidad y que los más de 30.000 funcionarios de las comunidades transferidas, como la nuestra, dirijan sus iras contra sus respectivos gobiernos autonómicos. Como siempre, el funcionario en el medio, pagando los platos rotos de la clase política.
Por lo que visto lo visto, y sin que desde CSIF vayamos a dejar de pelear por conseguir una solución global, que pasa por algo tan sencillo como aumentar el complemento general del puesto a todos los funcionarios de los cuerpos generales y especiales, ya que somos todos los que vamos a acabar sufriendo las consecuencias de las ocurrencias de las leyes de eficiencia, desde CSIF Comunidad Valenciana, ya no le pedimos, le exigimos a la Consellera Núñez la inmediata creación del grupo de trabajo de retribuciones. Retribuciones dignas para sus funcionarios (tal y como ha manifestado en sede parlamentaria). No podemos ser la Comunidad Autónoma con el Complemento Autonómico más bajo de España y cada vez más alejado de la media nacional.
Y de la misma manera, le pedimos a la Consellera Núñez que exija a sus socios de gobierno que no tengan Consellerías de primera y Consellerías de segunda, según si el titular es del PP o de VOX. Las Consellerías son de la Comunidad Valenciana y prestan servicios a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Le pedimos también a la Consellera Núñez que exija a sus socios del PP que cumplan con su intención de desarrollar una verdadera Carrera Profesional en la Administración de Justicia, tal y como hicieron en el año 2.014, cuando a propuesta del Partido Popular, las Cortes Valencianas instaban al Consell, también del Partido Popular, "a impulsar acuerdos y medidas necesarias para el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana". Y desde luego los miserables 480.000€ del PAC de este año (menos de la tercera parte de lo que cada año aumentaba con la Consellera Bravo) nos parecen un insulto, más que una declaración de buenas intenciones.
Y finalmente le hacemos una última petición. Cuando una Comunidad Autónoma decide asumir competencias exclusivas del estado, se entiende que es porque es capaz de gestionar mejor que el gobierno central. De dar un mejor servicio que el que daría el gobierno central. Y "cuidar" a los funcionarios mejor de lo que lo haría el gobierno central. Si no van a ser capaces de cumplir con estas premisas, devuelvan las competencias.
