Hace apenas unos meses, la Conselleria de Justicia y Administración Pública reforzaba nuestros juzgados con 377 funcionarios y que según su propia nota de prensa “venían a dotar con mejores medios a la administración, prestando un servicio ágil y de calidad”.
Pues bien, seis meses después la situación ha dado un vuelco de 180 grados. Hoy mismo están comunicando ceses a una parte de esos órganos reforzados, esos que venían a desatascar la situación de los juzgados y que en la mayoría de los casos se ocupan de las macrocausas penales o de dar trámite urgente de admisión a las cientos de demandas acumuladas durante meses. Y el juzgado que no ha recibido comunicación alguna, sabe que de los 6 meses que tiene un semestre, únicamente va a poder contar con el refuerzo 3 de ellos. Lo que en la práctica significa haber perdido la mitad de los refuerzos. ¿Qué va a pasar el 1 de octubre?. ¿Ya se habrán resuelto para entonces nuestros problemas con los tribunales de instancia?. Entiéndase la ironía.
Cuando este experimento comenzó, allá por la primera legislatura
de la Consellera Bravo, el gasto destinado a refuerzos superaba cuanto apenas 1,5
millones de euros. Varios años y bastantes Conselleras después (más de las
deseadas), este millón y medio se ha incrementado hasta los 14 millones. Algo
inasumible y que resalta como bien dicen los últimos informes del Consejo
General del Poder Judicial, que en cada partido judicial de nuestra comunidad haría
falta, al menos un juzgado más, por no hablar de las capitales de provincia,
donde este número se dispara. Pero como la creación de juzgados no está
entre las prioridades políticas, la forma más sencilla de salir del paso es
parchear con personal de refuerzo, interinos a los que se puede cesar en
cualquier momento y sin justificación alguna.
Si a esto le sumamos un nuevo
programa informático Just@, que viene a minar más aún si cabe las arcas de esta
maltrecha Consellería y a complicar la vida a sus trabajadores; así como un
nuevo modelo organizativo, NUMO, impuesto desde el Ministerio y que ha llegado
para destruir la antigua organización judicial y con ella a sus funcionarios,
tenemos el caldo de cultivo perfecto para asegurar que la justicia se va a
pique, estamos navegando en un barco a la deriva y sin patrón. Y como no hay
dos sin tres, y las malas noticias nunca vienen solas, en el BOE de hoy,
confirmamos que seguimos siendo la única comunidad que durante el plazo
posesorio del concurso de traslados, las mesas se van a quedar vacías hasta la
efectiva toma de posesión del titular.
Respecto a Just@ queremos recordarle nuevamente, que no nos vale la disculpa de la "herencia envenenada". El Ministerio de Justicia ofrece gratuitamente las aplicaciones de gestión procesal. Las mantiene y las actualiza. Aquí se ha preferido pagar para que nos hagan otra, en lugar de ahorrarnos los muchos millones de euros que llevamos ya gastados y los que quedan. No hace falta ser Einstein para ver las ventajas de utilizar las aplicaciones del Ministerio. Importante ahorro económico, ya que está pagada con los impuestos de todos los españoles. Interoperabilidad con más de la mitad de las comunidades autónomas de España (Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, Galicia, Asturias y la Rioja). Y encima si la aplicación va mal, la culpa es del Ministerio. ¿Sabe de quien es la culpa de que el Just@ no vaya bien?. Le daremos una pista. Del Ministerio no.
En resumen, juzgados colapsados,
plantillas reducidas que intentan sobrevivir a un nuevo programa de tramitación
que no para de dar infinitos quebraderos de cabeza a todo el mundo y el
experimento de un nuevo modelo organizativo a la vuelta de la esquina; todo lo
cual nos lleva a asegurar que la Administración de Justicia es la gran olvidada,
la eterna marginada. A nadie le importa ya el Tercer Poder del Estado, ningún
político garantiza el mantenimiento del Estado de derecho, ni los derechos de
los ciudadanos…. Esos ciudadanos que en
el mejor de los casos reclaman una deuda económica, esperan una indemnización
por despido o que simplemente se dicte su sentencia de divorcio… Mientras, en
el peor de los casos tienen pendiente que se investigue su delito por agresión
sexual o que se celebre el juicio por violencia sobre la mujer. La Justicia
nunca ha importado.
P.D.: Como verá, ni siquiera hemos mencionado lo económico. Eso da para un libro, más que para una carta.
