Según se informa en nota referencia del Consejo de Ministros:
“El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del concierto que, en el trienio 2022-2024, garantizará la asistencia sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, así como a los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional. Estos profesionales de la Administración de Justicia, y sus beneficiarios, podrán optar por recibir la prestación sanitaria a través de alguna de las aseguradoras que suscriban el acuerdo.
A partir del 1 de enero de 2022, fecha de entrada en vigor del nuevo concierto, el colectivo protegido por el mismo ascenderá aproximadamente a 81.000 mutualistas y beneficiarios, y al finalizar el mismo, el 31 de diciembre de 2024, alcanzará un volumen aproximado de 90.000 mutualistas y beneficiarios. La cuantía total de la contratación alcanza los 234.880.371 euros.
El concierto 2022-2024 supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia un incremento del 10% respecto a la del 2021. Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia.”
A la espera de conocer cuántas entidades médicas suscribirán el concierto y ante la ausencia de información de la MUGEJU sobre el proceso de negociación con ellas, CSIF cree que el incremento del 10% a tres años no es suficiente para reforzar el servicio que presta la mutualidad tras los numerosos recortes del pasado, teniendo en cuenta la evolución de la inflación y más si se incluyen los gastos derivados de la pandemia que no han sido escasos.
CSIF, como viene haciendo desde siempre, va a vigilar la calidad en la prestación sanitaria, atenderemos las quejas de los usuarios y nos reservamos las acciones necesarias para defender este modelo si se producen retrasos, disfunciones o recortes en las prestaciones. Una atención sanitaria que también deben recibir los funcionarios/as que se encuentran domiciliados en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y que se están viendo afectados por la falta de firma de los convenios con las CCAA.
Desde CSIF queremos dejar claro que no vamos a consentir que se deje morir de inanición al mutualismo administrativo y que no vamos a admitir la pretensión de algún partido político de eliminar paulatinamente el modelo Muface, Mugeju e Isfas. Por ello reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda para que nos ofrezca garantías de futuro.
CSIF recuerda que las mutuas nacieron para corregir una discriminación que padecían los funcionarios respecto al resto de ciudadanos españoles y que la atención sanitaria que realizan estas entidades se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y están enmarcadas en las prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.
Por ello, en CSIF vamos a seguir siendo centinelas de este modelo. Se trata de un derecho de los funcionarios mutualistas y es una obligación del Gobierno mantenerlo para garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que en la sanidad pública.
