En el día de hoy, CSIF junto al resto de sindicatos de la administración de justicia, nos manifestamos a las 11:00 frente al Palau de la Generalitat para recordarle al President de la Generalitat que tiene una deuda pendiente con los 6000 funcionarios de justicia de la Comunidad Valenciana.
Unos funcionarios que trabajan más que nadie y cobran menos que todos.
Unos funcionarios que llevan años sufriendo la falta de una apuesta por la justicia valenciana, con partidos judiciales absolutamente infradotados, con un ratio de funcionarios por habitante muy inferior a la media nacional, pero teniendo que tramitar un número de expedientes por funcionario muy superior al promedio.
Y como premio a tirar del carro sin recursos, con unos edificios obsoletos, sacando adelante a base de horas y desesperaciones una aplicación informática que ha costado un riñón (volvemos a recordar que tanto Minerva como Atenea son aplicaciones que funcionan infinitamente mejor y que el Ministerio de Justicia regala a toda aquella Comunidad Autónoma que se lo pida), con una estructura de tribunales de instancia más propia de La Rioja que de la tercera región de España que somos..... Pues el premio es mantenernos, tras casi 3 años de legislatura de este gobierno, con el complemento específico más bajo de España y con una trayectoria profesional casi congelada que no llega ni a la mitad de lo que cobra el resto de funcionarios autonómicos.
Durante un tiempo fuimos comprensivos. Hicimos un esfuerzo por dar un plazo pensando que el problema verdadero era la inestabilidad política primero, con la crisis del gobierno de coalición. La Dana después. El cambio de presidente más tarde.... Pero ya se acabó. Estamos hartos de confiar y que nos engañen una y otra vez, empezando por la propia Consellera que es incapaz de cumplir ni con sus plazos ni con su palabra.
A partir de este momento haremos lo posible por recordarles en cada acto que acudan que tienen a 6000 funcionarios de justicia esperando que se haga "justicia" (valga la redundancia).
Y por supuesto que esto tiene solución sencilla. Y la solución es tratarnos como el resto de comunidades ha tratado a sus funcionarios.
Y mientras eso no ocurra, cada uno de los 6000 funcionarios de justicia nos encargaremos de contarles a nuestras parejas, hijos, suegros, cuñados y demás familia, todos ellos con derecho a voto, como os estáis portando con nosotros.
Resolución de la Dirección General de Justicia y Autogobierno por la que se publican los resultados provisionales del proceso de acoplamiento del personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia destinado en los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana en que se constituirán los tribunales de instancia en la tercera fase de implantación.
18_2_26_Acuerdo listas complementarias Febrero_10_auxilio 1288
18_2_Nota informativa lista complementaria_Febrero (11)_ 1288_Auxilio
18_02_26 Lista complementaria_febrero(11)_Auxilio_1288_2022
18_02_26_Renuncias_jubilación_otros_febrero(11)_Auxilio_1288
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LECTURAS 3º EJERCICIO FACULTATIVOS - SEMANA 23 AL 26 DE FEBRERO
La DGJ nos acaba de comunicar que van a publicar una aclaración a la resolución provisional porque
en el proceso de confirmación del personal, para el cómputo de la antigüedad en
el puesto de origen se tomó en consideración la fecha de la toma de posesión en
el centro de procedencia, no obstante y teniendo en cuenta que los
procedimientos de provisión tienen plazos posesorios, corresponde el cómputo de
la antigüedad en el puesto de origen desde la fecha de la resolución por la que
se resuelve el concurso de traslados o la resolución del proceso selectivo, y en el caso de empate,
el acoplamiento se realiza por el orden de escalafón.
Ante la insistencia en los errores cometidos por parte de la DGJ en los listados de acoplamiento de la 3ª fase, en los que han tenido en cuenta la fecha de la toma de posesión en el destino y no la fecha de publicación de la resolución por la que se accedió a esa plaza (nuevo ingreso / concurso traslados), la administración publicará resolución en este sentido, dando un plazo de cinco días para la reordenación voluntaria de aquellos funcionarios que no se han podido confirmar en las áreas donde haya vacantes.
