Nuevamente y como ya hicimos hace unas semanas, CSIF vuelve a solicitar a la Consellería de Justicia la inmediata convocatoria de las organizaciones sindicales para aplicar el artículo 489.4 de la LOPJ, que dice textualmente que "al cabo de tres años desde el nombramiento, se propondrá su conversión en las relaciones de puestos de trabajo como incremento de plantilla si se constatara que la necesidad de personal tiene carácter estructural".
Como por desgracia está pasando últimamente, no podemos permitir que se siga haciendo política con las desgracias de nuestra administración de justicia, ya que si bien es cierto que la Ley 20/21 es de unos, no es menos cierto que la responsabilidad de que no se pierdan esas plazas reforzadas de larga duración y se conviertan en aumento de plantilla es únicamente de otros. En este caso de la administración autonómica.
Por lo que exigimos, y más cuando ya van dejando caer que como va a entrar en vigor la conocida como LOEO (ahora LEOSPJ) el gobierno no va a crear ningún nuevo órgano judicial para el 2.025, que se convoque a las centrales sindicales al objeto de aumentar la dotación orgánica de los juzgados reforzados para evitar así que estas plazas desaparezcan y se conviertan en realidad en amortizaciones.
