En la mañana de ayer, CSIF, staj, ugt y cig ratificamos, en forma de acuerdo, el preacuerdo firmado el pasado 16 de julio de 2024 y del que os hemos informado puntualmente el mismo 16 de julio, el 11 de diciembre de 2024 y el pasado 3 de enero.
Negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), ahora llamada Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (LOESPJ), ha sido una reivindicación del personal de Justicia durante todo el conflicto de Justicia.
El proyecto de ley de eficiencia se presentó en el Congreso de los Diputados el 22 de marzo, antes de que comenzara la negociación y, sobre todo, antes de que finalizara la misma. A este respecto, conviene recordar que, durante los últimos tres años, el Ministerio siempre ha mantenido que las leyes no se negociaban y que podía aprobarlas sin negociación alguna.
Una vez presentado el proyecto de ley en el Congreso su final más probable es que se aprobara y más cuando, en un proyecto como este, el Gobierno está más que interesado en sacarlo adelante y se ha empleado a fondo para ello, cerrando todo tipo de acuerdos en el Congreso con el resto de grupos políticos, quizá porque hay fondos europeos ligados a modificaciones en la organización de la Justicia.
Aunque no se hubiera firmado ningún acuerdo, lo más probable es que la ley hubiera seguido su tramitación como hasta ahora, pero sin incorporar ningún cambio, ni garantías para el personal de Justicia, ni compromiso de mejoras laborales que se incluyen en el acuerdo.
Como ya hemos informado en las circulares informativas mencionadas más arriba, el acuerdo garantiza:
La preceptiva negociación del diseño y las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales que prestan servicio a los tribunales de instancia.
Las relaciones de puestos de trabajo son el catálogo de puestos de trabajo de la oficina judicial y en ellas se recogen, además de la descripción del puesto de trabajo, el horario, los complementos (general del puesto y específico), requisitos de acceso al puesto, su forma de provisión, si tiene o no guardias… En el borrador inicial de la ley no existía obligación de negociación previa.
El compromiso del Ministerio de incorporar lo acordado en la LOESPJ o en modificaciones reglamentarias de carácter básico. Estas modificaciones o ya están en la ley o se incorporarán al Reglamento a través de una modificación que, según informa el Ministerio a instancias de CSIF, ya se está tramitando.
Que en el proceso de acoplamiento del modelo anterior al actual:
No habrá merma de retribuciones fijas (básicas y complementarias) incluyendo las guardias.
No habrá amortización de plazas respecto de las plantillas existentes a la firma del preacuerdo.
No habrá movilidad forzosa a otro municipio
Se primará la voluntariedad en la elección de destinos en la nueva oficina judicial de los Tribunales de Instancia.
Los puestos de trabajo, a efectos de concurso de traslados o de su provisión definitiva o temporal, vendrán diferenciados por el servicio, área y equipo en el que estén adscritos.
Asimismo, el acuerdo establece libertad para establecer áreas y equipos durante la negociación. No obstante, fija unos mínimos obligatorios para crearlos que inicialmente no se contemplaban por el Ministerio.
Además, el acuerdo recoge la regulación básica del teletrabajo que es una condición necesaria para iniciar la negociación y posterior implantación de un teletrabajo seguro y con todas las garantías en cada ámbito territorial. CSIF, una vez que se ha publicado esta regulación básica, ya se ha dirigido al Ministerio y a las CCAA para instar el inicio de la negociación del teletrabajo.
Además, el acuerdo recoge el compromiso de negociar el Real Decreto Básico de carrera profesional que, conforme a la LOPJ, es necesario que se publique para desarrollar una carrera profesional real y efectiva en cada ámbito territorial. CSIF ya ha trasladado al Ministerio la necesidad de no demorar esta negociación ni agotar el plazo establecido en el acuerdo para la misma.
Además, el acuerdo recoge la reserva del 50% de las plazas de la OEP para la promoción interna frente al 30% actual tanto para cuerpos generales como la promoción a Letrados.
Además, el acuerdo recoge un compromiso expreso de negociar las relaciones de puestos de trabajo del Registro civil y de la parte que afecte a condiciones de trabajo cuando se tramite el nuevo Reglamento de este servicio público.
Además, el acuerdo recoge el inicio del proceso de eliminación de grupos de población, empezando por el grupo IV que tiene repercusión económica.
Y, todo esto, sin renunciar, en ningún momento, a que se reconozca legal, laboral y retributivamente las funciones que se realizan en las oficinas judiciales que sigue siendo una reivindicación de CSIF.
Paralelamente, se ha resuelto la situación de los Gestores que vuelven al cuerpo tras el cese como LAJ sustitutos a los que se les reservará su puesto sin obligación de concursar. Además, se establece una ampliación de los días para disfrutar de la libranza de la guardia.
En el otro foro de negociación, en las mesas sectoriales de las CCAA y delegada del ámbito no transferido, se siguen cerrando acuerdos de incrementos del complemento específico quedando Navarra (con oferta económica encima de la mesa), Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana por cerrar esos acuerdos. Además, algunos de estos acuerdos profundizan en la mejora de otras condiciones de trabajo del personal de Justicia destinado en algunos ámbitos territoriales dentro de las competencias atribuidas de forma concurrente a las CCAA y al Ministerio de Justicia en la gestión de medios personales.
Todo lo anterior se debe a la acción sindical y a la voluntad de desbloquear la negociación colectiva, pero, fundamentalmente, a la presión ejercida por miles de funcionarios y funcionarias de Justicia desde hace dos años en todos los ámbitos de negociación.
Queda mucho camino por recorrer. El desarrollo de estos acuerdos y la negociación de la rpts va a ser complejo Y, quedan más reivindicaciones por conseguir. Ya hemos mencionado que la reivindicación sobre las funciones sigue vigente.
Pero también hay que revisar los procesos selectivos, los perfiles profesionales, la distribución de funciones en la oficina judicial con reconocimiento retributivo, la revisión de la forma y cuantía de la productividad, la revisión de la forma y cuantía de las guardias, profundizar en la mejora de los permisos y la conciliación, prevención de riesgos, formación etc... y, también, consolidar la viabilidad de la MUGEJU y el mutualismo administrativo.
Urge adoptar medidas para garantizar de forma real que se cumpla la ley en materia de convocatoria de concursos de traslados anuales o que los procesos selectivos no se eternicen como, lamentable y bochornosamente, está sucediendo.
CSIF va a continuar en esa lucha, sin complejos y sin ningún tipo de compromiso que no sea el de mejorar las condiciones de trabajo y retributivas todo el personal de Justicia.
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