CSI·F ha encargado a sus servicios jurídicos que preparen los recursos pertinentes contra el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno por el que se acuerda la reducción de las nóminas de los empleados públicos.
Esta reducción, que comienza a aplicarse ya, es inconstitucional, por lo que recurriremos también el incumplimiento de todos los acuerdos retributivos negociados con las distintas administraciones.
