El 93 % de los trabajadores entienden que no funciona correctamente ni cumple los objetivos marcados.
CSI·F, desde un primer momento contrario a la implantación del nuevo sistema de organización judicial, ha realizado una encuesta en León, los días 10 y 11 de noviembre, recogiendo la opinión de los trabajadores que integran la Nueva Oficina Judicial, puesta en marcha en junio de 2011 en dicha localidad como experiencia piloto.
Una vez más los datos obtenidos nos confirman que su funcionamiento no está respondiendo a la agilidad, eficacia y modernidad que se esperaba con la transformación de los antiguos Juzgados y Audiencia Provincial en lo que actualmente se denominan Unidades de Apoyo Directo (Upad) y Servicios Comunes (de registro, de tramitación y de ejecución); al responder más del 90 % de los encuestados que no funciona correctamente ni cumple los objetivos que quiere lograr el Ministerio de Justicia con su implantación.
Esperamos que la administración tome nota de esta nefasta experiencia y en lugar de invertir en fantasías, centre sus esfuerzos en dotar a los juzgados con los recursos personales y materiales que con tanta urgencia reclaman, consiguiendo así la prestación de un servicio público de calidad.
CSI·F, desde un primer momento contrario a la implantación del nuevo sistema de organización judicial, ha realizado una encuesta en León, los días 10 y 11 de noviembre, recogiendo la opinión de los trabajadores que integran la Nueva Oficina Judicial, puesta en marcha en junio de 2011 en dicha localidad como experiencia piloto.
Una vez más los datos obtenidos nos confirman que su funcionamiento no está respondiendo a la agilidad, eficacia y modernidad que se esperaba con la transformación de los antiguos Juzgados y Audiencia Provincial en lo que actualmente se denominan Unidades de Apoyo Directo (Upad) y Servicios Comunes (de registro, de tramitación y de ejecución); al responder más del 90 % de los encuestados que no funciona correctamente ni cumple los objetivos que quiere lograr el Ministerio de Justicia con su implantación.
Esperamos que la administración tome nota de esta nefasta experiencia y en lugar de invertir en fantasías, centre sus esfuerzos en dotar a los juzgados con los recursos personales y materiales que con tanta urgencia reclaman, consiguiendo así la prestación de un servicio público de calidad.
