Destacamos sólo las medidas que contiene el Decreto que afectan directamente a los funcionarios de Justicia. Tened en cuenta que las medidas son complementarias, dentro del ámbito competencial de la Comunidad, a las del Decreto estatal, que ya os detallamos en comunicado de 9 de enero.
1) Suspensión de ayudas de acción social absoluta y total, que nos afecta a todos, y también al personal de justicia. La vigencia de esta suspensión es para 2012 y 2013.
2) Si bien para suspender los días adicionales de vacaciones vinculados a la antigüedad, modifican la Ley de Función Pública Valenciana, consideramos que nuestros días de vacaciones adicionales, al ser regulados estatalmente en LOPJ y EBEP, siguen manteniéndose sin cambios. En relación a nuestros días de asuntos particulares se mantienen los 9 de permiso más los adicionales por antigüedad, por su regulación estatal. Pero los días de asuntos propios compensatorios de festivos en sábado o domingo (o sea, 24 y 31 de diciembre), que los reconocía la legislación valenciana, quedan suspendidos.
3) Quedan suspendidas las aportaciones al Plan de Pensiones de la Generalitat al menos durante 2012.
4) La jornada de trabajo de al menos un 5% de interinos pasa a ser de 25 horas semanales, con horario de presencia obligatoria de 9 a 14 horas, y con la correspondiente reducción proporcional de sueldo y cotizaciones a la SS. La aplicación de esta medida surte efecto a 1 de marzo de 2012, y es hasta el 31 de diciembre de 2013. Es decir, en ese tanto por cien, al menos, nos afecta la medida, según texto del decreto. También se especifica que el personal afectado podrá pedir la compatibilidad para el ejercicio de otra actividad. Esta es otra medida que entendemos que va claramente en contra de la legislación estatal específica,
frente a la que vamos a luchar para que en Justicia no se aplique.
5) No hay que olvidar que hay otras medidas en el Decreto que, siendo generales, nos afectan muy directamente, suponiendo más pérdida en nuestro poder adquisitivo: subida de impuestos en el tramo autonómico que se suma a la del IRPF estatal, eliminación de la deducción autonómica por vivienda, nuevo impuesto sobre hidrocarburos, etc…
CSI·F se ha dirigido por escrito a la DGJ y a la Secretaría Autonómica de Justicia para que se nos convoque con celeridad a una mesa para informarnos y poder saber en profundidad el alcance de las medidas. Por otra parte estamos convencidos de que algunas de las medidas son claramente ilegales, ya que afectan a legislación estatal, que nos ampara, y exceden el ámbito competencial de la Comunidad. Por ello CSI·F recurrirá el Decreto del Consell, al invadir competencias del Estado, y utilizará todas las vías legales a su alcance para poner freno a estas desproporcionadas medidas.
Comunicado en pdf
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