El Registro civil se privatiza. Gallardón dice que no, que los Registradores de la Propiedad son funcionarios, y que el Registro se administrativiza como estaba previsto en la ley del gobierno anterior. Esto, como toda verdad a medias, no deja de ser una mentira. CSIF se opuso a la ley de 2011 al entender que despreciaba la experiencia de los 3500 funcionarios de justicia de los Registros; pero, en esa ley, el Registro pasaba a ser competencia de las CCAA, y los funcionarios de justicia podían quedarse en el Registro si ese era su deseo. Por el contrario; los Registradores de la Propiedad y los notarios son un minoritario grupo de funcionarios que dirigen un negocio privado. Se beneficiaron de la burbuja inmobiliaria y que, ahora, se van a volver a beneficiar de la crisis gracias a Gallardón.
“Los Registradores no ganan nada con los registros civiles, solo les hemos pedido que trabajen más y lo han aceptado”. Otra falsedad. No es cierto que los Registradores no van a ganar nada. Basta comprobar el número de certificaciones que se exigen al año para cualquier trámite y multiplicar por el valor de la tasa, para comprobar las decenas de millones de euros que se van a embolsar por el “sacrificio”. En 2009 fallecieron en España 384.993 personas; y a tres certificaciones cada una, que es la media de las necesarias; y a una media de 30 €, serían 34.649.370 €, sólo por este concepto.
