Asimismo, califica de barbaridad jurídica que se atribuya a un particular (procurador) el carácter de agente de la autoridad para realizar actos de ejecución.
El anteproyecto de reforma de la LEC presentado por Gallardón recoge la posibilidad de que los Procuradores participen en la ejecución bajo supervisión de Secretario y Juez, con carácter de agente de la autoridad. Aun cuando esta intervención fuese voluntaria para el ciudadano, que podría elegir si quiere que los actos de comunicación y ejecución los realice un Procurador o un funcionario; se abre la puerta a la privatización de una parte fundamental del procedimiento judicial.
CSIF se opone a esta privatización del servicio por las siguientes razones:
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