CSIF denuncia la falta de consenso y continuidad en materia de Justicia y advierte de la peligrosa precariedad de este servicio público esencial que presta sus servicios al tercer poder del Estado.
Solamente desde un punto de vista partidista de la justicia se puede explicar que Gallardón nombrara una comisión de expertos el año 2011 cuando ya tenía un informe de otra comisión de expertos del año 2009 y otro informe del Consejo General del Poder Judicial cuyo único pecado es que habían sido nombrados por el Gobierno anterior y cuyas conclusiones no gustaban. Era necesario alguien que concluyera de otra forma aunque su propuesta no tuviera sentido. Eso si que es utilizar de forma inadecuada el dinero público.
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