Desde CSIF nos preguntamos si esta es la postura que debemos esperar los empleados públicos españoles de nuestro Gobierno cuando se nos utilice para atacar la credibilidad del Estado
Más allá de otras consideraciones de carácter constitucional y de derecho internacional, para CSIF es muy preocupante que el Ministerio de Justicia se haya puesto de perfil y solo haya reaccionado cambiando su posicionamiento inicial ante la presión mediática, cuando se utiliza a un empleado público, en este caso un Juez, para atacar, de forma flagrantemente injusta, al servicio público de la Administración de Justicia española con una demanda presentada en otro país en la que se aprovecha para hacer una causa general y se vierten afirmaciones falsas y vejatorias contra ese servicio público y, en consecuencia, contra los empleados públicos que trabajan en él.
Pero la postura del Ministerio de Justicia y del Gobierno, calificando este asunto como “privado” para justificar su inacción inicial, es mucho más grave por cuanto existen, al menos dos informes de la Abogacía del Estado en los que se establece claramente lo contrario.
Desde CSIF esperamos que, a pesar de su ambigüedad, el último comunicado del Ministerio de Justicia zanje definitivamente esta cuestión, en la línea que se expone por la Abogacía General del Estado. De esta manera, la Ministra de Justicia podrá centrarse en la precariedad de medios con la que nos encontramos, tanto los ciudadanos como los empleados públicos de la Justicia todos los días en los Juzgados y Tribunales de este país y que, cuando no era ministra, la Sra. Delgado no dudaba en reclamar de forma muy activa al anterior equipo ministerial.
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