El 4 de junio el BOE publica la quinta encomienda de gestión a los Registradores de la Propiedad para la digitalización y tramitación de los expedientes de nacionalidad por importe de más de un millón y medio de euros. Para CSIF resulta, especialmente revelador, que en la exposición de motivos el Ministerio de Justicia reconozca, casi lamenta, que el incremento de solicitudes de concesión de nacionalidad, debido a una decisión política de regularización de extranjeros llevada a cabo por los sucesivos gobiernos, no ha ido acompañada de los medios y recursos adecuados para dar respuesta a las expectativas de los solicitantes.
No será porque CSIF no lo advirtió. Una vez más la demagogia política nos deja con decisiones que afectan al funcionamiento de servicios públicos y que dejan vendidos a los funcionarios a los que no se les da los instrumentos necesarios (personal y medios materiales) para atender las consecuencias de esa decisión.
El resultado de esta falta de previsión es el colapso, la demonización de los servicios públicos, los intentos de privatización y las “ideas felices” que abogan por echar por la borda la experiencia y el conocimiento del personal especializado, que no da abasto con el incremento de la carga de trabajo. El gran perjudicado es el ciudadano, pero también el empleado público que se ve en la picota y que, encima, ve perder su reconocimiento laboral en forma de pérdida de competencias.
