Con los últimos coletazos de este nefasto y trágico 2020, echamos la vista atrás y nos produce vértigo.
Nuestro primer escrito del año pasado comenzaba con estas palabras: “Este 2020 ya no debe ser un año de buenos propósitos sino de hechos, de realidades factibles. Ya no podemos esperar más, muchos son los frentes que quedaron abiertos este último año: Carrera profesional, una apuesta decisiva por la salud y la prevención de riesgos laborales, infraestructuras judiciales modernas y que respondan a criterios de seguridad, habitabilidad y servicio público que elimine la dispersión de las sedes judiciales. Un protocolo de prevención para todo tipo de acoso, un estudio serio de las cargas de trabajo de los juzgados y de los riesgos psicosociales que repercuten en la salud de los funcionarios, evaluación de las altas cargas de trabajo, los medios insuficientes y una media de edad elevada de la mayor parte de los funcionarios destinados en nuestra comunidad. Además, si los refuerzos ya empiezan a ser endémicos, que se cumplan los acuerdos y acaben convirtiéndose en plazas fijas. Una nueva bolsa de interinos, Justicia Digital y compromiso de papel cero, mejora de las aplicaciones informáticas (Cicerone), ampliación de la banda para la mejora del sistema Lexnet….”. Todo eran buenos deseos…
Pero quién nos Iba a decir que todas estas carencias iban a quedar más patentes que nunca con lo que estaba por venir.En el mes de febrero llegaban los primeros contagios de la COVID a España. Un virus que en diciembre nuestros gestores veían lejano y que incluso ya cuando estaba aquí, restaban importancia. En los Comités de Prevención, Junta de Personal y a través de un escrito de este sindicato, se solicitaba a la DGJ la elaboración de protocolos de actuación y que se hiciera acopio de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, etc. Como en anteriores ocasiones, estos avisos cayeron en saco roto, a pesar de que palabras como Covid, distancia social, mascarillas o gel hidroalcohólico, se iban hacer tristemente un hueco en nuestras vidas.
El devenir de los acontecimientos posteriores es por todos conocido, declaración del estado de alarma y confinamiento de toda la población el 14 de marzo. Justicia se consideró actividad esencial, como no podía ser de otra manera. En un principio se mantuvieron unos servicios mínimos, que fueron máximos y que tras la evolución de los hechos acabó en los servicios esenciales que todos conocemos.
A finales de marzo y ante la insistencia de este sindicato, entre otros, la Directora General finalmente entendió que la mejor manera de intentar luchar contra esta situación era en unión y colaboración con los representantes de los trabajadores y así se constituyó el Comité Autonómico de Prevención del Covid y que fue el único que funcionó durante todo el confinamiento en la administración valenciana. Este Sindicato siempre ha prestado la ayuda y colaboración necesaria a la DGJ, entendimos que era el momento de sumar, trabajar y ayudar en la contención de este maldito virus, había que intentar garantizar la seguridad y la salud de todos nuestros compañeros, de los ciudadanos y profesionales que asiduamente acuden a las sedes judiciales.
Fueron momentos muy difíciles tanto a nivel nacional, para nuestra administración de justicia y sobretodo para todo el sector sanitario. Si ellos no disponían de los Epis mínimos y necesarios para desempeñar su trabajo, ¿qué podíamos esperar los funcionarios judiciales, los eternos olvidados?
Creemos firmemente que el trabajo conjunto llevado a cabo entre la administración y los represententes de los trabajadores fue muy útil. Desde la primera reunión se le hizo ver a la DGJ cuales eran las prioridades: proteger a los compañeros que desempeñaban los servicios esenciales dotándoles de mascarillas, geles, guantes o mamparas; protocolos que paulatinamente fueron llegando a los puestos de trabajo; entendimos la situación en ese momento, ante la falta de proveedores y de material disponible, comunicando las carencias y las prioridades a la hora de suministrar los preciados y escasos equipos de protección, así como a la hora de gestionar y comunicar los positivos y sus contactos. Si bien es cierto que otras demandas que hicimos desde el principio no fueron, ni han sido atendidas, como la realización de test PCR a todos los que se iban incorporando o tomas de temperatura tanto a trabajadores como a los que visitan las sedes judiciales.
Pero si en algo fuimos realmente decisivos en esos momentos, supliendo la ineficacia de la administración, fue siendo la correa de transmisión rápida y directa de resoluciones, normativas, circulares, turnos y horarios que se iban sucediendo de manera vertiginosa y a horas intempestivas. Nuestros compañeros estuvieron en todo momento informados de lo que acontecía, muchas veces de forma atropellada y contradictoria por los desencuentros competenciales entre ministerio y Conselleria. Pero pronto ha olvidado esta colaboración, como ejemplo podemos decir que si entre los meses de marzo y junio se celebraron comités casi semanalmente, desde el 21 de junio hasta la fecha solo hemos celebrado uno.
A día de hoy estamos en las mismas cifras de contagios que en la primera ola, esto aún no ha terminado. Ya no sabemos si es una segunda ola o quizás la tercera, pero lo cierto es que los datos no son buenos, por eso exigimos como la misma implicación y colaboración que en los primeros meses. Esta pandemia está demostrando que no podemos bajar la guardia y por ende debemos exigir que nuestra administración mejore sus obsoletos medios informáticos, implante el teletrabajo u optimice las graves carencias en cuanto a infraestructuras que impiden la distancia social y una ventilación eficiente. Este virus ha venido a poner en evidencia lo que ya veníamos demandado tiempo atrás, la falta de medios materiales y personales de nuestro servicio de prevención, el INVASSAT, que ve imposible atender las necesidades de todos los funcionarios de la administración autonómica valenciana. La consecuencia es que actúan tarde y mal, no se hacen rastreos, ni seguimientos eficaces sobre los contagios y sus contactos estrechos; a esto le sumamos una mutualidad, que ni está, ni ha estado a la altura de las circunstancias. Seguimos sufriendo en nuestras carnes el duro peregrinar para que en el supuesto de sufrir síntomas o ser contacto estrecho de un positivo, alguien te realice la PCR. Las entidades médicas insisten en que es competencia de salud pública y ésta que si eres mutualista deben ser las entidades privadas quienes lo hagan, vamos, la pescadilla que se muerde la cola y mientras, los funcionarios de justicia sufriendo las consecuencias; cuando precisamente en estos momentos de incertidumbre y miedo ante la enfermedad lo que se necesitan son certezas, por nosotros y por nuestras familias. No somos ciudadanos de segunda, realizamos un servicio esencial, el de garantizar el acceso a la justicia y como tal nos merecemos ser tratados.
Esto no lleva a preguntarnos, con mucha preocupación, si va a existir el mismo despropósito y caos en la vacunación al colectivo MUGEJU de la COVID. Caos que por otra parte ya hemos sufrido con la vacunación de la gripe, ya que mientras que en los centros de salud no había problemas de abastecimiento, las entidades privadas no disponían de suficientes dosis para los mutualistas, que tenían lista de espera para ser vacunados. Insistimos, no podemos consentir ser los últimos en recibir la vacuna; como servicio esencial que somos y así fuimos reconocidos en los diferentes decretos de alarma, se nos debe calendarizar la vacunación y que no volvamos a lo de siempre, ser la patata caliente que nadie quiere, ni salud pública, ni las entidades médicas concertadas.
Además de todo lo anterior, también nos hemos cansado de solicitar la aplicación y establecimiento de la cita previa, tal como viene establecido en la ley 3/2020, y que ya se viene aplicando en el resto de administraciones públicas. Aquí el único pretexto que nos dan es que no se puede limitar el acceso a la justicia y no pretendemos eso, nada más lejos de la realidad.
Desde el 21 de junio estamos de forma presencial más del 95 por ciento de la plantilla. El teletrabajo en la mayoría de los juzgados ha sido imposiblede realizar, por la inexistencia del prometido muchas veces ya, expediente digital. El papel cero y lo obsoleto de los sistemas de gestión procesal, la denominada justicia digital ni está, ni se le espera… Por lo que al hilo de esto, nos parece una broma de mal gusto la noticia aparecida estos días en la prensa “el Consell compra 624 portátiles para justicia en plena polémica sobre el teletrabajo” destinados a jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, cuando en la negociación del sucedáneo “teletrabajo o trabajo en remoto”, se dijo por la DGJ que no había dinero para dotar de medios informáticos al personal de justicia que solicitara teletrabajar. Con esto concluimos que hay medios para unos, pero no para otros.
Y no podemos terminar esta reflexión sin exponer el último de los desencuentros con esta administración: la denegación de la concesión del permiso del deber inexcusable para el caso de funcionarios con hijos menores que han sido confinados por contacto estrecho con un positivo. Nos asombra hasta dónde llega la insensibilidad de nuestra DGJ y más cuando ellos mismos alardean de defender a ultranza la igualdad, la prevención y la conciliación familiar.
Solamente nos queda desear que en este 2021, que con poco será mejor que el innombrable, el virus desaparezca por completo de nuestras vidas, que atrás queden las distancias de seguridad, las mascarillas y las mamparas que dificultan las relaciones personales y laborales. Pero mientras tanto, rogamos encarecidamente se cumplan a rajatabla las medidas adoptadas. Que por parte de la DGJ se busque de nuevo la colaboración e información de los primeros meses, se contesten los escritos enviados, den prioridad a la prevención y a la anticipación y lo que es más importante, que no acabemos los funcionarios pagando los platos rotos de esta crisis sanitaria y económica, que ya hemos visto las primeras consecuencias con la congelación del PAC. Somos un servicio esencial, hemos estado en los momentos difíciles y seguiremos estando, nuestro trabajo es muy importante y nuestra salud también y, al igual que otros colectivos, exigimos que se nos reconozca.
