La ley de eficiencia organizativa (LEO) forma parte del proyecto de Justicia 2030 y se trata, fundamentalmente, de la modificación de la LOPJ para la implantación de los Tribunales de instancia (TI) y de las oficinas de Justicia en el municipio (OJM).
La ley implica cambios en los centros de destino al eliminar los servicios comunes de ordenación del procedimiento y las UPAD que se fusionan en la denominada Unidad de Tramitación Procesal (UTRAM). Además, se modifican en parte condiciones de trabajo y de los procesos de redistribución de efectivos y de acoplamiento. La ley prevé la implantación de los TI y de las OJM, durante 2023 aunque el Ministerio reconoce que los plazos no son definitivos y que ve complicado que se puedan llegar a cumplir. El inicio de la tramitación de esta ley se espera para el mes de junio. El Ministerio se compromete a defender las propuestas que salgan del grupo de trabajo antes y durante la tramitación parlamentaria de la ley.
La negociación de la LEO ha sido una de las reivindicaciones de CSIF desde que se anunció su tramitación como anteproyecto de ley y el pasado mes de julio los seis sindicatos de la mesa solicitamos el inicio de la negociación al Ministerio.
CSIF ha propuesto y el Ministerio ha aceptado, analizar artículo por artículo agrupados por bloques el contenido del anteproyecto de ley. Así se han fijado cinco reuniones de aquí a mediados del mes de mayo para analizar el contenido de los cambios y aportar alegaciones. CSIF, en este sentido, se pone a disposición de todos los interesados que deseen aportar ideas sobre el contenido de la reforma. La próxima reunión será el 19 de abril.
Sin perjuicio de lo anterior:
CSIF ha exigido que se traslade toda la información generada durante los cinco meses que llevan “negociando” el Ministerio y las CCAA sobre la LEO.
CSIF ha exigido plena participación del personal de Justicia a través de las organizaciones sindicales en la implantación de estos Tribunales de instancia. En este sentido, nos hemos opuesto a la redacción de la Disposición Transitoria 4ª en el sentido de que las relaciones de puestos se apliquen de forma automática con la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y sin garantizar la negociación previa.
CSIF ha exigido que en los procesos de redistribución de efectivos sólo se puedan hacer a través de un plan motivado de la Administración y previa negociación colectiva.
CSIF ha exigido mantenimiento de retribuciones, que no se vean mermadas por el cambio de un sistema organizativo a otro.
CSIF ha solicitado que se negocie el proceso de acoplamiento, sobre el que siempre se plantean dudas, y que se facilite el modelo o modelos de implantación de la nueva organización a aplicar en cada sede judicial.
Ficheros Adjuntos:
