- El proyecto elimina los destinos justicia creando una gran incertidumbre entre el personal de Justicia en relación con los concursos de traslado y la atribución de funciones y afectando a la trazabilidad y conocimiento de los expedientes.
- El proyecto profundiza en la politización de la Justicia al abandonar el Ministerio su función homogeneizadora de la oficina judicial cediendo el control absoluto de la misma a las CCAA.
- Con las leyes de eficiencia se incrementa la burocracia para el ciudadano y se abre la puerta a la privatización de la Justicia.
Hasta la fecha el Ministerio ha ocultado a los sindicatos, premeditadamente, la documentación complementaria a la ley como los modelos de referencia de la oficina judicial y las relaciones de puestos de trabajo que según la nota oficial ya ha cordado con las CCAA. En estos documentos se impone un esquema de servicios, funciones y tareas de esos servicios que afectan directamente a las retribuciones, jornada etc… del personal de Justicia. Materias todas ellas objeto de negociación colectiva conforme al artículo 37 del TREBEP.
El Ministerio de Justicia presume de que su proyecto nace de la participación de todos llegando a denominarlo proyecto país. Nada más lejos de la realidad. Este proyecto responde al más puro estilo del despotismo ilustrado donde el Ministerio y las CCAA imponen un modelo que afecta a las condiciones de trabajo del personal de Justicia de forma autoritaria.
Por su parte, bajo el eufemismo de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) se esconde una privatización del servicio público de Justicia al exigir la mediación como requisito de procedibilidad para que se admita la demanda. Esta mediación se pone en manos de personas ajenas a la Administración Pública, profesionales liberales y despachos.
Un ciudadano que pretenda reclamar su derecho en los tribunales viene obligado a someterse a una mediación previa a su reclamación que debe sufragar de su bolsillo. Para ello, dentro de la oficina judicial se crea un servicio para apoyar a estos agentes externos. Es decir, se incrementan los trámites y la burocracia para los ciudadanos en el ejercicio de su derecho fundamental a obtener una resolución judicial definitiva sobre su reclamación.
En todo caso hay alternativas, CSIF viene proponiendo desde hace varios años la creación de un sistema de mediación público que permita desarrollar la carrera profesional al personal de Justicia en estos momentos de transformación y cambio. Letrados de la Administración de Justicia y Gestores (para cuyo acceso se exige un grado universitario) con la formación adecuada dentro de un programa de carrera profesional podrían asumir este servicio como ya se está haciendo, por ejemplo, en el orden social.
Parece que la solución del Ministerio para agilizar la Justicia es evitar, o dificultar aún más, que el ciudadano acceda a ella. Para CSIF la eficiencia y sostenibilidad de un servicio público se garantiza aprovechando al máximo el potencial del personal de ese servicio, en vez de buscar soluciones fuera, privatizando ese servicio público. Para CSIF, agilizar la Justicia hace falta una redistribución de las funciones dentro de la oficina judicial, revisar los perfiles profesionales de cada cuerpo abordando paralelamente la mejora de oportunidades en forma de mejoras laborales y retributivas como la carrera profesional.
Ante el “acuerdo alcanzado” en Toledo entre las CCAA y el Ministerio sobre la LEO, CSIF advierte que habrá un otoño caliente en la Administración de Justicia si no se negocia teniendo como referencia la jornada de huelga y la gran manifestación de diciembre de 2018 en Madrid.
