El Tribunal Superior de Castilla y León ha decidido elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante las dudas legales que plantea la retirada de la paga extra al colectivo de empleados públicos laborales de esta comunidad autónoma, en virtud del decreto de recortes del Gobierno. Se trata de la primera cuestión de inconstitucionalidad que afecta al grueso de empleados públicos laborales de una comunidad autónoma (20.000 trabajadores) y la segunda a nivel estatal, después de que la Audiencia Nacional se pronunciase recientemente en la misma línea sobre los trabajadores de la empresa pública CETARSA.
CSI-F manifiesta su satisfacción por este goteo de resoluciones judiciales que, sin duda, acabarán dando la razón al conjunto de los empleados públicos. En el caso de que prosperen los argumentos sindicales, el Constitucional echaría por tierra el artículo 2 del Decreto Ley de recortes y por tanto, se beneficiarían el grueso de los trabajadores del sector público español.
