Es público y notorio que, en el marco de la estrategia nacional de vacunación, las distintas Comunidades Autónomas están adoptando medidas que, en función de distintos criterios, están priorizando a determinados colectivos respecto a otros, habida cuenta del papel esencial de los servicios que prestan para la sociedad.
Los funcionarios de la Administración de Justicia constituyen uno de los servicios esenciales de la Comunidad.
Ello en particular, y en referencia con la pandemia por SARS-COVID-19 a la que nos enfrentamos, porque:
1. Garantizan, a través de la reserva de función que tienen en apoyo de Jueces y Magistrados, la tutela judicial efectiva; derecho reconocido como fundamental en el artículo 24.2 de la C.E. y salvaguarda de los demás derechos y garantías públicas.
2. Ya en la primera declaración del estado de alarma, la Administración de Justicia fue considerada servicio esencial, manteniéndose abiertos Juzgados, Tribunales y demás edificios jurisdiccionales, para garantizar precisamente el derecho al que hemos hecho referencia. Ello, da muestra de la relevancia de su función.
3. Fue la Administración de Justicia también la primera en iniciar la fase de desescalada, y ello por la necesidad de ofrecer un servicio público eficaz y eficiente.
Las especiales circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de los funcionarios de Justicia, el servicio esencial que prestan, y en muchas ocasiones, la obligación que tienen, en el cumplimiento de su deber, de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección por SARS-COVID 19, provocan la necesidad de que reciban un trato singularizado y preferente dentro de la estrategia de vacunación.
Sin embargo, en las distintas estrategias e informaciones de las que en CSIF hemos tenido conocimiento, nada se ha dicho del lugar que deben ocupar los funcionarios y demás personal de la Administración de Justicia, en orden a la prioridad en la vacunación, no pareciendo adecuado que se les catalogue dentro de los grupos generales de población.
Por ello, CSIF ha solicitado a la DGJ:
Que se incluya a los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el ámbito de la Comunidad Valenciana a efectos de llevar a cabo la vacunación dentro del Grupo 6 de la Estrategia de vacunación frente al covid-19 en España, como colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.
En este grupo están:
-6A Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas…
-6B Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales
-6C Docentes y personal de educación primaria y secundaria
Que para el caso de que esta petición exceda de las competencias de esa Consejería, se realicen las
actuaciones oportunas ante el Consejo Interterritorial de Sanidad, para que se tenga en cuenta la solicitud que por medio de la presente se efectúa.
