En este sentido, el Ministerio ha manifestado que el espíritu de la Resolución trata de dar respuesta en la Administración de Justicia al objetivo de que todos los días, del 30 de marzo al 8 de abril, la actividad sea como la de un fin de semana y nos informa que ha trasladado a los Secretarios de Gobierno que cualquier decisión que se aparte de esa resolución supone un incumplimiento de una orden del Ministro.
CSIF ha vuelto a denunciar las injerencias del CGPJ en materias de prevención de riesgos incluidas las dotaciones de plantillas presenciales que, en este momento, son una medida de prevención más y cuya reducción está íntimamente ligada con la protección de la salud pública que es el objetivo del estado de alarma. En esta injerencia está el origen de muchos de los problemas a la hora de determinar cuántos efectivos debe haber por sede. El CGPJ ni tiene competencias en materia de medios personales ni la tiene en materia de prevención de riesgos laborales. En consecuencia, los acuerdos alcanzados en los Comités de seguimiento COVID-19 carecen de validez.
