Una cosa es que no compartamos su contenido y, por este motivo, no firmáramos el acuerdo que proponía el Ministerio, y otra muy distinta que no exijamos que el Ministerio y a las CCAA cumplan con los compromisos adquiridos en materia de medidas de seguridad publicadas en el BOE.
Conforme a la ley de prevención y a la propio “Esquema de seguridad laboral” aprobado por el Ministerio de Justicia son los servicios de prevención los que deben evaluar los riesgos y comprobar que se cumplen, al menos, con los requisitos y medidas de seguridad establecidos en el citado esquema. Asimismo, debe existir esa evaluación de riesgos para detectar riesgos o niveles de riesgo específicos en determinadas actividades como (diligencias de calle, salas de vistas, autopsias, manejo de muestras biológicas, archivos con mala ventilación o personas en grupos de riesgo cuando les toque reincorporarse etc…). Para CSIF esta evaluación debería realizarse con carácter previo al inicio de la Fase 1 de desescalada pues, en caso contrario, carecería de sentido y se estaría exponiendo al personal de Justicia en riesgo.
