Suerte tiene la señora Consellera
de no vivir en el maravilloso Chicago de los años 30, porque con el curriculum
que tiene, no encontraría prestamista que le fiara ni un solo centavo en todo
el estado de Illinois.
Y es que en estos ya 5 años que
“disfrutamos” de su presencia como máxima responsable de la Administración de
Justicia son innumerables las veces que, bien ella directamente o bien a través
de sus subordinados, ha incumplido con los pactos en materia retributiva y que
pasamos a enumerar aquí de forma cronológica:
- Noviembre de 2.018: Se nos
comunica en una mesa de negociación que el Sindic de Greuges ha elaborado un
informe en el que se insta a la administración a abonar el sueldo íntegro en
las sustituciones verticales. Esto
es cuando un Auxilio sustituye a un
Tramitador y cuando un Tramitador
sustituye a un Gestor. Esto supondría tener que pagar unos 250€ al mes por
sustitución, en lugar de los 60€ que se perciben actualmente. A raíz de dicha
información, muchos compañeros si que optaron por realizar las sustituciones,
dado que la resolución que lo iba a regular iba a ser inminente. Finalmente,
esa resolución no se ha publicado hasta mayo del 2.020. Es decir, 18 meses más
tarde de lo comunicado. Lo que supone que los funcionarios que han realizado
dichas sustituciones, van a perder, por culpa de la burocracia y la dejadez de
la administración, una media de: 190€ x 18 meses= 3.420€
- Diciembre de 2.018: En una mesa sectorial celebrada a
finales de mes, se acordó repartir el 0,25% de los fondos adicionales entre los funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial, lo que suponía un
incremento de 12€ al mes y con efectos del 1 de enero de 2.018. Total deuda:
12€x30 meses de retraso: 360€
- Marzo de 2.019: En mesa sectorial celebrada el 21 de marzo
se acordó repartir el 0,25% de los fondos
adicionales entre los médicos
forenses, los cuales no habían tenido incremento en su momento del CAT con
la implantación de la NOJ, lo que suponía un incremento de unos 190€ mensuales
y con efectos del 1 de enero de 2.019. Total deuda: 190€ x 18 meses= 3.420€
- Abril de 2.019: Aquí hay que reconocer que la Consellera
hace una jugada maestra. Nos engaña a todos como a chinos. Consigue tener una
campaña electoral con paz social y encima, más tardes les echa la culpa a sus
subordinados de ofrecernos un acuerdo sin dotación presupuestaria. Y de esta
manera nadie le puede acusar a ella personalmente de incumplir los acuerdos. Y
la cosa fue de la siguiente manera:
El día 4 de abril, la anterior Directora General y la actual Subdirectora general nos convocan a una mesa de negociación donde nos trasladan un borrador de acuerdo en el que para el año 2.020 se cobraría una cantidad equivalente al 55% de la carrera profesional. Para el año 2.021 un 75% y para el año 2.022 un 100%. Meses más tarde, la Consellera nos convoca a una reunión en la que nos dice que ella no sabía nada sobre dicho acuerdo. Que la directora y subdirectora lo ha negociado a sus espaldas y que ella no puede garantizar esas cantidades. Finalmente, del 55% pactado, estamos percibiendo una cantidad que supera escasamente el 30%.
El día 4 de abril, la anterior Directora General y la actual Subdirectora general nos convocan a una mesa de negociación donde nos trasladan un borrador de acuerdo en el que para el año 2.020 se cobraría una cantidad equivalente al 55% de la carrera profesional. Para el año 2.021 un 75% y para el año 2.022 un 100%. Meses más tarde, la Consellera nos convoca a una reunión en la que nos dice que ella no sabía nada sobre dicho acuerdo. Que la directora y subdirectora lo ha negociado a sus espaldas y que ella no puede garantizar esas cantidades. Finalmente, del 55% pactado, estamos percibiendo una cantidad que supera escasamente el 30%.
Y que ha supuesto esto para los
funcionarios de la Administración de Justicia son los siguientes:
1.-) Pues para el caso de un auxilio con más de 22 años de antigüedad: 193€ en lugar de 151€ que deberíamos estar cobrando desde abril (Total 378€)
1.-) Pues para el caso de un auxilio con más de 22 años de antigüedad: 193€ en lugar de 151€ que deberíamos estar cobrando desde abril (Total 378€)
2.-) Para un tramitador con más de 22 años de antigüedad: 245€ en lugar de 188€
(Total 513€)
3.-) Para un Gestor con más de 22 años de antigüedad: 382€ en lugar de los 295€
(Total 783€).
Y por si fuera poco, en la
reunión mantenida hoy con la Consellera, nos dice que nuestro plan de actuación
sigue congelado con las cantidades del 2.019 porque está pendiente de informe
del Consejo General del Poder Judicial y que de todas formas, se ha gastado
mucho dinero en refuerzos que han estado 3 meses en su casa (vamos igual que
todos: jueces, laj, fiscales…) y que puede que haya que revisar el presupuesto.
VAMOS, QUE PRETENDE QUE EL DINERO DE LOS
REFUERZOS LOS PAGUEMOS NOSOTROS.
- Enero de 2.020: Se publica el Decreto por el que, en
aplicación del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado por CSIF
con el por aquel entonces Ministro de Hacienda, se acuerda un incremento retributivo del 2% con
efectos del 1 de enero. Tras la publicación, desde este sindicato se insiste en
todos los ámbitos para que se aplique la subida cuanto antes en todas las
administraciones. De hecho, AGE ya lo está cobrando. En la Comunidad
Valenciana, nos pilló el estado de alarma con los deberes sin hacer y a día de
hoy seguimos sin tener el aumento. Hace aproximadamente un mes, la Subdirectora
General nos dijo que en cuanto se reuniera el Consell, se acordaría el
incremento del presupuesto y se nos abonarían esas cantidades. Pues cual es nuestra
sorpresa, cuando en la reunión de hoy la Consellera nos dice que hasta el mes
de noviembre no se va a producir ninguna modificación presupuestaría, y que
intentarían que lo percibiéramos en la nómina de diciembre. Alucinante. Lo cual
supone que a la Consellera nos acabará debiendo a todos los funcionarios una cantidad que rondaría entre los 500€ y los 900€ al año.
Y todo este despropósito en lo
que a incumplimientos retributivos se refiere, podría ser entendible si
enfrente tuviéramos una administración austera. Una administración
que confía en sus funcionarios en lugar de tener que nombrar a asesores. ¿Y en
lugar de eso qué tenemos?.Pues lo que
tenemos es una administración que en 5 años ha aumentado en casi un 50% el
número de altos cargos y personal eventual, pasando de 56 Directores
Generales a 83. E incluso teniendo que modificar un decreto en el que se ponía
de tope máximo 74 asesores, para poder “alojar” a los 116 que existen en la
actualidad (25 de ellos en presidencia y 15 en vicepresidencia).
Y finalmente, la Sra. Bravo tiene
una deuda con todos los funcionarios
en materia de salud laboral y
conciliación. Ponga ya un teléfono
en cada puesto de trabajo para que dejemos de compartirlo entre 2 o 3
funcionarios. Reparta de una vez una caja de mascarillas por funcionarios y así evitaremos las colas
kilométricas que se producen para recoger cada día una mascarilla y un par de
guantes, con el riesgo que conlleva y la pérdida de tiempo efectivo de trabajo
que conlleva. Haga test periódicos a
todos los funcionarios. Ponga sistemas de control de temperatura en los accesos a los edificios judiciales. Tome nota de
otras administraciones en las que se fomenta el teletrabajo, y no nos diga que
el teletrabajo no consiste solo en conectarse (no se ha enterado todavía de lo
que muchos funcionarios han adelantado durante el estado de alarma, a través
del teletrabajo). Facilite durante esta situación excepcional la opción del
turno de tardes para los compañeros con hijos menores, padres dependientes y en
situación de vulnerabilidad ante la enfermedad…….
Así que, señora Consellera, solo
queremos decirle que, ahora no es el momento, porque los funcionarios de
Justicia somos responsables y lo que toca es centrarnos en trabajar y
desatascar nuevamente todo lo que se ha generado (a pesar de que nos obligan a
disfrutar los días libres antes del 30 de junio, en lugar de alargarlo hasta el
31 de diciembre, por ejemplo). Pero CSIF
se va a encargar de explicar mesa por mesa, el dineral que cada uno de los
funcionarios está dejando de cobrar por sus reiterados incumplimientos o
directamente engaños. Para que cuando llegue el momento, ni un solo funcionario
que sea convocado para cualquier tipo de acción que se pudiera acordar, tenga
la tentación de quedarse sentado en su puesto de trabajo.
CON EL PAN NO SE
JUEGA SEÑORA CONSELLERA
