La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, y el resto de las organizaciones con representación en este ámbito hacemos un llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro Civil para impedir ‘in extremis’ que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la privatización del Registro Civil.
Las organizaciones con representación en la Justicia a nivel nacional acordamos ayer intensificar de manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los próximos días, comenzando por la convocatoria de una concentración los jueves de cada semana en las puertas de los registros civiles de toda España.
Si el Ministerio no se aviene a dialogar, desde CSI·F no escatimaremos ninguna medida de presión. Las empleadas y empleados públicos no están dispuestos a asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del ministro de Justicia que supone la mercantilización de su puesto de trabajo.
Mientras se produce la respuesta del Ministerio, al que se le ha solicitado una reunión urgente aún sin respuesta, CSI·F va a promover una contestación en todos los ámbitos de la sociedad civil. Para ello, ha iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, etcétera), así como con los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista a requerimiento de CSIF preguntará hoy en el Congreso al Ministro “sobre el Registro Civil y si le queda algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos”.
También se va a promover la oposición de los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz.
Asimismo, a lo largo de los próximos días se va a iniciar una campaña informativa y de concienciación dirigida a los ciudadanos, así como una recogida de firmas contrarias al proyecto.
CSI·F también va a tratar de que los Registradores de la Propiedad reconsideren este proyecto. En una carta dirigida al Decano del Colegio de Registradores, CSI·F le recuerda que la Asamblea General de Zaragoza que organizó esta institución condicionó la asunción de competencias a la financiación pública, la existencia de consenso parlamentario y consenso social sobre el nuevo modelo.
