En el día de hoy se ha celebrado una mesa de negociación en el que el punto principal del orden del día era la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la segunda fase, o lo que es lo mismo, la conversión de tribunales de instancia en los partidos judiciales de Torrent y Denia.
Como novedad principal, con respecto a la primera fase sería la creación de un servicio común de ejecución. Este servicio común de ejecución está dotado de una plantilla equivalente al 40% de la que actualmente poseen la totalidad de los juzgados de primera instancia del partido judicial.
La forma de provisión será primero confirmando voluntariamente a las personas que en la actualidad estuvieran tramitando sólo ejecución en su actual destino (persona que con casi seguridad no existe). En el caso seguro que sigan quedando plazas sin cubrir, los siguientes serían los funcionarios que voluntariamente quieran de entre los destinados en los órganos de la jurisdicción civil. Y para el caso que siga existiendo necesidad de cobertura de plazas, se ofrece la posibilidad al resto de funcionarios del partido judicial. Si así tampoco se cubrieran las plazas que se relacionan en la RPT, sería un proceso de movilidad forzosa entre las plazas vacantes, las cubiertas por interinos, las cubiertas por sustitución vertical y por comisión.
Este servicio común llevará la ejecución de todo el partido, tanto civil como penal, pero la idea es que en la práctica únicamente lleven la ejecución civil y que los puestos del servicio común de tramitación, sean compatibles con el servicio común de ejecución, para que, sobre todo, los funcionarios con código de GU (guardia) y VSM (violencia sobre la mujer) continúen tramitando la ejecución de los delitos leves. De esta manera se consigue que todos los funcionarios que están actualmente en los juzgados de instrucción o violencia estén en el servicio común de tramitación.
En la reunión. desde CSIF hemos vuelto a recriminar a la administración que somos una justicia de segunda velocidad. Que ya en al primera fase en todos los ámbitos territoriales se han creado equipos, con jefaturas ocupadas por funcionarios de los cuerpos generales. Se han convertido en estructurales plazas que llevan reforzadas más de 3 años y en cambio en nuestra comunidad ni una cosa ni otra.
La administración ha dicho que en la tercera fase si que quiere crear equipos, pero realmente no es ningún favor, sino más bien una obligación, ya que recordemos que a partir de 12 plazas judiciales hay que crear áreas y a partir de 50 funcionarios equipos. Y la tercera fase obviamente va a tener más de las 2 cosas en todas las jurisdicciones en la gran mayoría de partidos afectados.
Finalmente hemos preguntado sobre diferentes cuestiones de las que en unos casos hemos obtenido respuestas y en otros la administración se ha comprometido a contestar más adelante:
- Falta de personal en el registro civil de Mislata
- Refuerzo para el servicio de la informática de la guardia por la acumulación de asuntos por la implantación del just@
- Solución a la valija para partidos judiciales con sedes dispersas, como puede ser Sueca o Lliria.
- Incorporación de un funcionarios más al servicio de guardia de Elche y Benidorm así como la prórroga del aumento de plantilla de personal de guardia para Torrent
- Solución a la situación del archivo territorial de Ribarroja
- Aclaración sobre los cambios de nombramiento del personal interino por acoplamiento a los tribunales de instancia, sobre todo para el personal que tenía nombramiento anterior al 8 de julio de 2021 y que ahora le pone en su nuevo nombramiento el párrafo de la limitación temporal de los 3 años.
-Y finalmente hemos solicitado información sobre el coste que para la administración de justicia tiene el pago de costas judiciales. No puede ser que no haya dinero para el PAC, para el específico, para crear jefaturas y en cambio la administración tarde tanto en reaccionar y nos obligue a reclamar las cosas judicialmente para todo el colectivo. Lo hemos vivido históricamente con la reclamación de la extra del 2012, el pago del CAT a partir del sexto mes de baja, el pago de las guardias en situación de incapacidad temporal, el abono de los meses de enero a marzo en el cobro de los PAC y lo veremos en breve en las libranzas de todo el personal durante las guardias y las reclamaciones por los descansos no disfrutados. No puede ser que además la abogacía, jugando con un dinero que no es suyo, se dedique a recurrir absolutamente todas las resoluciones en la que se nos da la razón al colectivo, llegando incluso a recurrir en casación. Como si fura gratis.
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