La implantación del Expediente Judicial Electrónico pone de manifiesto, una vez más, los problemas que están sufriendo los trabajadores de la Administración de Justicia en el día a día en su puesto de trabajo
El mayor problema de la Justicia digital es debido a que la parte tecnológica de la transformación digital de la Justicia no funciona y no termina de arrancar. Los programas del Ministerio de Justicia están obsoletos y son incapaces de entenderse entre ellos y ya ha quedado demostrado que estos programas no sirven para implantar una Justicia digital integrada en nuestro país.
El área de nuevas tecnologías del Ministerio de Justicia sigue sin aclararse si en un futuro implantará un programa único (muy difícil de llevar a cabo por razones políticas, técnicas y económicas) o si apuesta por la interoperabilidad que se adapta mucho más al reparto competencial existente, pone en valor las iniciativas y la inversión ya realizada en programas modernos que sí funcionan.
Para CSIF el problema radica en que el Ministerio de Justicia, cegado por una falsa concepción del liderazgo, es incapaz de comprender que la transformación digital tiene menos que ver con la tecnología y mucho más que ver con el factor humano: la gestión del cambio, la apuesta por el potencial de los recursos humanos, el cambio de funciones y tareas, el reconocimiento del trabajo realizado, la participación, la formación, la transparencia y la información. Y para eso no es imprescindible crear ningún Consejo asesor de innovación.
La solución para CSIF es que el Ministerio de Justicia crea de una vez por todas en el servicio público y sus empleados en vez de externalizar. Que abra la puerta al diálogo constructivo, desde la humildad de reconocer que la verdad no está en posesión de quien circunstancialmente ocupa la cartera de Ministro de Justicia, sino que debe contar con quienes peleamos todos los días en los órganos judiciales y que dé voz al personal técnico que sufre los fallos de Minerva y LexNET como el que más y acertar en el nombramiento altos cargos competentes que sepan ver todo esto.
Como ejemplo claro o reciente, en la implantación del Expediente Judicial Electrónico, los Secretarios de Gobierno y varias Juntas de Jueces de Murcia y Extremadura han acordado instrucciones contradictorias en cuanto a la formación de este. Por un lado, el Secretario de Gobierno impide utilizar el papel y por otro los Magistrados obligan que el expediente se lo entreguen en papel. Ante esta situación, los funcionarios se encuentran en la disyuntiva de hacer caso a unos, a otros o duplicar su trabajo y su esfuerzo realizando una doble tramitación, ralentizando los procedimientos.
Esta situación de incertidumbre se agrava más aún por cuanto son los funcionarios los que se ven sometidos a inspecciones y amenazados con la apertura de expedientes pudiendo llegar a afectar a la salud laboral dentro de las oficinas judiciales. Por ello CSIF se ha dirigido por escrito a los Secretarios de Gobierno y Presidentes de los TSJ afectados para que dejen en suspenso dichos acuerdos. CSIF ha solicitado al Ministro de Justicia que en coordinación con el CGPJ se dicten instrucciones uniformes a fin de aclarar el método a seguir en la implantación del expediente judicial, garantizando con ello la seguridad jurídica de los empleados públicos.
