En la reunión informativa de ayer el Ministerio de Justicia ha presentado los proyectos que tiene en marcha para acometer reformas que agilicen la tramitación de los procedimientos judiciales. Junto con la convocatoria, el Ministerio trasladó seis documentos de trabajo que no son sino una presentación genérica de seis de esos proyectos:
1. Justicia 2030 ligada a la idea de una Justicia digital y sostenible y que contiene varios programas o proyectos aglutinados en tres objetivos: Derechos, libertades y responsabilidades, calidad del servicio público de Justicia y sostenibilidad y cohesión.
2. Proyecto de ley de reforma procesal para la implantación de medidas de Justicia digital y sostenible (que pretende hacer frente a las consecuencias del COVID 19 en el ámbito procesal)
3.Oficina del dato (cuyo objetivo es poner a disposición de las administraciones, de los profesionales, de los funcionarios de Justicia y, en general, de los usuarios, datos sobre la gestión y el funcionamiento de la Administración de Justicia).
4.Inmediación digital que pretende regular las videoconferencias para (vistas, atención al ciudadano, actuaciones internas o identificación y firma).
5.Cita previa y gestión de turnos como un nuevo canal de atención a los profesionales y a los ciudadanos conectado con la inmediación digital y con el teletrabajo.
6.Hacia un modelo de gobernanza en Justicia (continuación del modelo de relación que se ha mantenido a través de la Comisión de seguimiento de COVID 19 Ministerio, CCAA, CGPJ, FGE y CGAE
CSIF valora positivamente la puesta en marcha de proyectos de reforma de la Justicia, pero ha dejado claro que la reforma de la Justicia:
-Debe contar con la participación real y efectiva de los funcionarios/as de Justicia que son quienes van tener que poner en marcha esas reformas con el esfuerzo que eso va a suponer. En este sentido, debe encontrarse un encaje adecuado para dar voz a los funcionarios en esa nueva gobernanza que se persigue y reflejarlo por escrito sin vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva.
-Debe preservar el carácter público de este servicio esencial al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Para CSIF, por ejemplo, la implementación de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, deben ser abordados desde la defensa del Servicio Público y su mejora, y se debe poner en valor la capacidad y conocimiento de los Funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para garantizar el éxito de iniciativas de esa índole.
-Debe evaluar la situación actual de los Cuerpos de Justicia, que para CSIF deben seguir manteniendo su carácter nacional y la reserva de función. Asimismo, debe definir el tipo de funcionario que esa reforma precisa, e incorporar cambios en los perfiles profesionales, procesos selectivos, promoción interna etc… que deben ser objeto de negociación incrementado el valor de este personal en la prestación del servicio público.
-Debe partir de la evaluación de los sistemas organizativos vigentes, algunos de ellos como la NOJ aún no han completado su implantación y en la que faltan por desarrollar las unidades administrativas de apoyo a la oficina judicial. Es necesario revisar el modelo de NOJ e implantarlo definitivamente, antes de superponer otros sistemas como los Tribunales de Instancia.
-Debe aprovechar el potencial del capital humano de la Justicia en materias como la mediación, la redistribución y redefinición de funciones en la oficina judicial, la potenciación de la Justicia de proximidad sobre la base de los partidos judiciales y los Juzgados y Agrupaciones de Paz y el Registro civil gestionado por personal de Justicia entre otras cuestiones. Se trata de eliminar cuellos de botella en la tramitación de los procedimientos, dotar de funciones con valor añadido a todo el personal de Justicia y agilizar la tramitación de los procedimientos. Aprovechar y potenciar al personal de Justicia es también “Justicia sostenible”.
-Debe suponer una mejora notable en las condiciones laborales (carrera profesional, promoción interna, provisión de puestos de trabajo, guardias, permisos y conciliación, teletrabajo regulado e incentivado, formación, acción social etc...) y en el reconocimiento retributivo adecuado de todos los Cuerpos sin olvidar la discriminación salarial en el ámbito del Ministerio de Justicia. Algunas de estas cuestiones están recogidas en acuerdos firmados por CSIF en los últimos años y deben desarrollarse de forma inmediata. La pretendida eficiencia que se espera conseguir con las reformas, debe repercutir también en los principales artífices de su consecución, los Funcionarios de Justicia.
-Debe contar con el suficiente apoyo presupuestario puesto que la Justicia, además de reformas organizativas, necesita más medios personales y materiales y, por otro lado, la carencia de medios informáticos, la necesidad de implantar programas de formación de calidad entre otras cuestiones, van a exigir una inversión estable que, luego, se recuperará por la vía de un mejor servicio público, más eficaz y eficiente.
-Debe contar con el máximo consenso social, político y sindical puesto que su desarrollo va a superar el ámbito de una o varias legislaturas.
Asimismo, el Ministerio ha aceptado la propuesta de CSIF remitida por escrito hace varias semanas de abrir una mesa de negociación y empezar a abordar tanto la Justicia 2030 como la Justicia 2020 y siguientes desde propuestas concretas.
