Desde CSI·F desde un principio nos hemos manifestado en contra de la desjudicialización que conlleva la Nueva Ley de Registro Civil, y hemos alertado sobre la merma en el servicio público que producirá la desaparición de los registros civiles actuales.
Además, somos conscientes de que la entrada en vigor de dicha ley ocasionará la amortización de puestos de trabajo, el cese de personal interino, la reordenación de funcionarios titulares y la menor oferta de empleo público.
Y no podemos obviar que para la entrada en funcionamiento de la nueva ley es necesaria una gran inversión para la creación de un único Registro Civil para toda España, así como para la creación de las oficinas generales, centrales y consulares; inversión que con la grave situación económica en la que nos encontramos, no podría realizarse con garantías.
En base a estos argumentos, hace unos días instamos por escrito a nuestra Conselleria a que eleve nuestra petición al Ministerio de Justicia en el sentido de que se modifique la Nueva Ley de Registro Civil 20/2011, para no desjudicializar dicho servicio y que subsidiariamente, caso de no modificarse dicha norma, se demore su entrada en vigor a fin de evitar que las grandes inversiones económicas necesarias no se aborden con garantías, y se perjudique más aún al servicio público de calidad que defendemos.
Además, somos conscientes de que la entrada en vigor de dicha ley ocasionará la amortización de puestos de trabajo, el cese de personal interino, la reordenación de funcionarios titulares y la menor oferta de empleo público.
Y no podemos obviar que para la entrada en funcionamiento de la nueva ley es necesaria una gran inversión para la creación de un único Registro Civil para toda España, así como para la creación de las oficinas generales, centrales y consulares; inversión que con la grave situación económica en la que nos encontramos, no podría realizarse con garantías.
En base a estos argumentos, hace unos días instamos por escrito a nuestra Conselleria a que eleve nuestra petición al Ministerio de Justicia en el sentido de que se modifique la Nueva Ley de Registro Civil 20/2011, para no desjudicializar dicho servicio y que subsidiariamente, caso de no modificarse dicha norma, se demore su entrada en vigor a fin de evitar que las grandes inversiones económicas necesarias no se aborden con garantías, y se perjudique más aún al servicio público de calidad que defendemos.
