17 de julio de 2012

Históricos y desgarradores recortes para los funcionarios

Primero PSOE, y ahora PP. Da igual el color político. Han decidido que sus desmanes y la crisis que han causado otros, la paguemos nosotros. Es un ataque sin precedentes a los funcionarios de justicia y sus familias; a sus ya recortados sueldos, y al servicio público esencial.

El ensañamiento con los funcionarios es del todo inadmisible. Se elimina de un plumazo la paga extra de diciembre; se nos quitan los días de permiso suplementarios por antigüedad, así como los de vacaciones por este motivo; se bajan al mínimo los días de asuntos propios; se reducen drásticamente las retribuciones en caso de baja; etc.…

Este golpe de Rajoy nos llueve sobre terreno mojado, tras el decretazo de Zapatero; y las congelaciones posteriores. La suma de la rebaja en nuestros salarios y derechos es sencillamente brutal. La aplicación a justicia de estos gravísimos recortes es además una incógnita en muchos aspectos porque dependemos de la reforma de la LOPJ donde se encuentra gran parte de nuestro estatuto.

Eliminación de la paga extra

Por lo que a los funcionarios de Justicia se refiere; la LOPJ inhabilita al gobierno para suprimirnos la paga; por lo que la reforma de esta ley es obligatoria. Tememos que esa reforma llegará; pero el Gobierno, en todo caso, ya se ha asegurado la forma de aplicar el recorte. ¿Cómo? Prorrateando la cantidad total de la paga que nos quitan, entre los meses que quedan de ejercicio; teniendo en cuenta que la LOPJ obliga a 14 pagas. Así, probablemente desde agosto, veremos reducidas nuestras retribuciones de forma importante, y ello se repetirá hasta diciembre. De esta forma en diciembre percibiremos la nómina mensual minorada como cada mes, más la paga extra (que ya nos habrán quitado previamente en los meses anteriores). El panorama es desolador. Estamos hablando, en función de los distintos cuerpos, situaciones, trienios, etc.…; de cantidades que oscilan entre los 150 y 300 € mensuales, de aquí a diciembre. De esta forma, la disminución que llegará a todos los funcionarios en diciembre, puede empezar en agosto o septiembre para los funcionarios de justicia, si es que no les da tiempo a aplicarla ya en julio.

Nos quitan días de libre disposición y vacaciones

Los días de asuntos particulares se reducen de 6 a 3 para funcionarios en general; y de 9 a 3 en Justicia. Además se quitan los días adicionales por antigüedad, tanto de asuntos propios como de vacaciones; todo ello con entrada en vigor a 1 de enero de 2013. En este caso también es necesaria la reforma de la LOPJ para pasar de 9 a 3 días; y ese trámite el gobierno lo tiene previsto. Unos “recortes” que nada ahorran. Sólo se ceban en el estatuto del funcionario; y en nuestro caso, en unos días que si eran superiores, lo eran por compensación a nuestro particularísimo régimen. Intolerable. Además, jueces y secretarios acumularán días adicionales de vacaciones por antigüedad. ¿Y esa diferenciación? Es bochornoso.

Reducción de retribuciones en caso de baja

El Gobierno reduce la prestación por incapacidad temporal a los empleados públicos. El régimen perfilado es brutal, ya que deja para los tres primeros días de baja por contingencia común un máximo del 50% de las retribuciones del mes anterior. A partir del cuarto día, y hasta el 20 la retribución máxima será del 75%. A partir del día 21 y hasta el 90 percibiríamos el 100%, y a partir del 91 solo sueldo y trienios. Sin embargo ese 100%, percibirle hasta el día 90; lo eleva una Disposición final del decreto hasta el día 180. Entendemos que es una contradicción. Pero en todo caso, la asistencia retributiva a los funcionarios que pasen por la difícil situación de una incapacidad temporal, es disminuida de manera cruel.

CSIF exige la retirada del Decreto y luchará sin descanso, contando con vuestro apoyo

Estas y otras medidas, como las previstas en el Decreto para la Movilidad de los funcionarios; nos ponen en una situación insostenible. CSIF llama a todos los funcionarios de justicia, junto al resto de empleados públicos, y la ciudadanía en general; a movilizarnos sin descanso contra esta injusticia total. La crisis que ellos han generado; y sus despilfarros; que los paguen ellos. Ya está bien. Exigimos que el Gobierno retire el decreto y no vamos a descansar hasta conseguirlo. Exigimos que la clase política asuma sus responsabilidades y respete el pan de los trabajadores públicos; y el servicio público de calidad que defendemos. ¡CSIF cuenta con vosotros para esta lucha sin descanso!