CSI·F y el resto de organizaciones sindicales en unidad de acción, mediante escrito presentado hemos mostrado nuestro RECHAZO a las medidas adoptadas por el Gobierno y solicitado la paralización de las reformas que se pretenden llevar a cabo.
Si no hay dinero para nuestras nóminas no hay dinero para nada, no estamos dispuestos a que la reforma de la organización de Justicia se haga con cargo a las retribuciones de los funcionarios que vamos a ser afectados por las mismas y sólo para que el político de turno llene páginas de periódico que es lo que desgraciadamente ha venido ocurriendo en la Administración de Justicia desde hace varios años.
Si no hay dinero para nuestras nóminas no hay dinero para nada, no estamos dispuestos a que la reforma de la organización de Justicia se haga con cargo a las retribuciones de los funcionarios que vamos a ser afectados por las mismas y sólo para que el político de turno llene páginas de periódico que es lo que desgraciadamente ha venido ocurriendo en la Administración de Justicia desde hace varios años.
Además, CSI·F, CCOO y UGT en el Sector Justicia de la Comunidad Valenciana nos hemos dirigido de forma unitaria a nuestros responsables nacionales proponiéndoles la creación de una plataforma a nivel nacional, en contra de cualquier tipo de modificación de la LOPJ, en la que además de los sindicatos de justicia se unan las distintas asociaciones de Secretarios, Jueces y Fiscales, trabajando de forma conjunta. A tal efecto hemos pedido que se traslade esta petición también al CGPJ, así como que se potencie de la mayor forma posible este asunto en los medios de comunicación.
La Administración de Justicia está formada por funcionarios de carácter nacional que, dado el poder estatal que administramos, estamos protegidos por un régimen particular, que tiene su punto principal de apoyo en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son dramáticas las decisiones económicas que se están tomando en contra de todos nosotros, pero más dramático y grave aún es el hecho de que desde la provisionalidad de unas decisiones económicas se nos pueda derogar todo nuestro estatus legal, conseguido con años de esfuerzo democrático y en el que se sustenta la gran mayoría de nuestros derechos profesionales y a la vez es garantía del ejercicio de la potestad jurisdiccional con independencia, eficiencia y eficacia; en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Por eso consideramos absolutamente necesaria la retirada de cualquier tipo de modificación de la LOPJ y hemos de exigir sin descanso que esta garantía de la Administración de Justicia y para el servicio público esencial que prestamos, no desaparezca.
La Administración de Justicia está formada por funcionarios de carácter nacional que, dado el poder estatal que administramos, estamos protegidos por un régimen particular, que tiene su punto principal de apoyo en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son dramáticas las decisiones económicas que se están tomando en contra de todos nosotros, pero más dramático y grave aún es el hecho de que desde la provisionalidad de unas decisiones económicas se nos pueda derogar todo nuestro estatus legal, conseguido con años de esfuerzo democrático y en el que se sustenta la gran mayoría de nuestros derechos profesionales y a la vez es garantía del ejercicio de la potestad jurisdiccional con independencia, eficiencia y eficacia; en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Por eso consideramos absolutamente necesaria la retirada de cualquier tipo de modificación de la LOPJ y hemos de exigir sin descanso que esta garantía de la Administración de Justicia y para el servicio público esencial que prestamos, no desaparezca.
