CSI-F y el resto de sindicatos representativos del sector de la Administración de Justicia, hemos entregado a Gallardón en el Ministerio de Justicia más de 200.000 firmas de ciudadanos exigiendo la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y que se retire el anteproyecto por el que se privatiza el Registro Civil.
Ni el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ni ningún alto cargo del departamento, quisieron recibir a los representantes de los trabajadores. No obstante, los sindicatos conseguimos entregar las firmas al Gabinete del ministro, después de manifestar nuestras quejas.
CSI-F considera que este desaire del ministro supone una falta de respeto a los representantes legítimos de los trabajadores y a los miles de ciudadanos que con su firma manifiestan su rechazo a la privatización y el deterioro progresivo de la justicia.
En este sentido, CSI-F no va a cesar sus presiones hasta que la Administración inicie un diálogo constructivo, abra las mesas de negociación y ofrezca soluciones para modernizar y garantizar la calidad y la agilidad de la justicia.
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