La hoja de ruta de Gallardón con sus reformas supone vaciar de contenido las funciones de los Cuerpos de funcionarios, y eliminar puestos de trabajo. Con estas reformas el Ministerio renuncia a cumplir con su obligación de dotar de medios suficientes a la Administración de Justicia, que es para lo que los ciudadanos pagan sus impuestos. A cambio ha ideado una Administración - negocio en manos de Registradores, Notarios, Procuradores…
Con Gallardón el derecho universal a la tutela judicial efectiva se va a convertir en derecho a la tutela judicial en “efectivo”, es decir, en un derecho al que sólo podrán acceder unos pocos ciudadanos y las grandes empresas y corporaciones. Para los demás quedará una Administración de Justicia a la que se le están recortando los medios personales y materiales.
CSIF, siguiendo el calendario de movilizaciones acordado con el resto de
organizaciones sindicales, convoca concentraciones en toda España contra la
privatización de la Administración de Justicia el próximo día 26 a las 11:30
horas
