Entre ellas destacan: la reforma del Código Penal que prevé la prisión
permanente y la custodia de seguridad, el anteproyecto del nuevo Código
Procesal Penal el cual propone que los fiscales tengan la iniciativa en la
instrucción de los casos, mientras el juez pasa a ejercer la función de
garantía de los derechos fundamentales y la modificación de la Ley de
Demarcación y Planta, con la creación de los Tribunales de Instancia además del
nuevo Código Procesal Civil, que prevé un mayor protagonismo para los
Procuradores “regalándoles” la práctica de actos de comunicación y la ejecución
y la condición de agentes de la autoridad.
Tampoco hay que perder de vista
la privatización de los Registros civiles a manos de los Registradores, un proyecto
aparcado pero no olvidado en el que el Ministerio cede a la presión de lobbys
profesionales con la excusa de la crisis.
En lo
que atañe a nuestras condiciones laborales este proyecto impone (porque queda claro que este Gobierno tiene alergia a
negociar o se encuentra más cómodo imponiendo) más movilidad funcional y
movilidad geográfica forzosa, menos concursos de traslados, menos promoción
profesional, amortización de plazas, despidos, supresión de servicios y
complementos retributivos, desaparición de los juzgados de paz, reducción o eliminación
de los juzgados de fuera de las capitales de provincia y privatización de
servicios prestados hasta ahora por nosotros con amortización de plazas y
eliminación de personal.
